Al menos 46 familias campesinas fueron desplazadas de la zona rural de Aracataca, Magdalena, tras recientes enfrentamientos entre los autodenominados Conquistadoras de la Sierra (ACSN) y el Clan del Golfo (EGC), según alertó la Defensoría del Pueblo este 22 de febrero.
Los combates, ocurridos en la vereda La Fuente, corregimiento Cerro Azul, generaron una crisis humanitaria que afecta a por lo menos 172 personas, entre ellas 63 niños, niñas y adolescentes, quienes se vieron forzados a abandonar sus viviendas ante el riesgo por la presencia de actores armados y posibles artefactos explosivos en la zona.
Aunque las confrontaciones armadas ya cesaron y no se reportan víctimas civiles, la entidad advirtió que persisten graves riesgos para la población, que continúa expuesta a confinamiento, restricciones a la movilidad y vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario.
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Riesgo advertido y crisis humanitaria
De acuerdo con la información entregada en el Comité de Justicia Transicional, varias familias se desplazaron hacia el casco urbano del municipio y otras hacia localidades vecinas, sin que hasta el momento hayan recibido plenamente la atención humanitaria inmediata a la que tienen derecho.
Quienes permanecen en la vereda enfrentan limitaciones para movilizarse, debido a la presunta presencia de los grupos armados y a prácticas como la retención de teléfonos celulares, mercados y la restricción de medios de transporte, incluidas motocicletas.
La Defensoría señaló que estos hechos confirman el riesgo advertido en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025, que identificó un escenario de alto peligro en la Sierra Nevada de Santa Marta por la disputa territorial entre las estructuras armadas ilegales.
Llamado urgente a las autoridades
Ante este panorama, el organismo exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar de manera inmediata las recomendaciones contenidas en la alerta temprana, activar el plan de contingencia municipal y garantizar atención humanitaria integral a la población desplazada.
Asimismo, pidió a la Fuerza Pública adoptar medidas de protección en estricto respeto del Derecho Internacional Humanitario, coordinar la recuperación de cuerpos reportados en vías del territorio y adelantar procesos de descontaminación por restos de munición en zonas de tránsito civil.
La Defensoría instó a los grupos armados a respetar los compromisos asumidos con el Gobierno Nacional en el marco de los espacios de diálogo y reiteró que continuará el monitoreo permanente para salvaguardar los derechos de la población afectada.
