Una denuncia ciudadana puso nuevamente en el centro de la atención un presunto criadero ilegal de animales en el barrio Las Dunas, en Barranquilla, donde perros, gatos y aves habrían permanecido en condiciones que comprometerían seriamente su bienestar y salud.
La situación fue divulgada por la fundación Huellitas Callejeras Barranquilla y la senadora Andrea Padilla, quienes difundieron imágenes en las que se observan animales hacinados en jaulas, guacales improvisados y otros espacios reducidos. Algunos incluso permanecían dentro de un baño acondicionado con rejas y materiales de construcción.
De acuerdo con la denuncia, entre los animales había perros de raza Shih Tzu y gatos Persa que presentaban problemas de salud y estaban en espacios con acumulación de excrementos. Las jaulas, en varios casos, estaban elevadas sobre ladrillos, una medida que habría sido utilizada para impedir que los animales escaparan.
Durante una visita al lugar, delegados de Carabineros y de la Alcaldía de Barranquilla retiraron ocho animales. Sin embargo, según lo informado por Padilla, otros perros, gatos y aves habrían permanecido en el inmueble, por lo que solicitó a las autoridades adoptar medidas para garantizar el rescate de todos los ejemplares y avanzar en el proceso correspondiente contra los responsables del presunto establecimiento.
La senadora señaló que el inspector de Policía tendría que realizar la aprehensión de los animales e iniciar las actuaciones administrativas correspondientes, con base en la Ley 1801 de 2016 y la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que endureció las sanciones relacionadas con el maltrato animal en Colombia.
La Ley Ángel contempla penas de prisión de 20 a 42 meses para quienes causen lesiones graves a animales mediante actos de maltrato, además de sanciones como multas de entre 15 y 30 salarios mínimos, restricciones para adquirir o tener animales e inhabilidades relacionadas con actividades profesionales, comerciales u oficios vinculados con estos.
La legislación también establece un agravante cuando el maltrato se comete con fines de explotación económica, circunstancia que puede incrementar la pena entre la mitad y tres cuartas partes.
La denuncia se conoce mientras avanza en el Congreso el proyecto de ley “No son mercancía”, impulsado por Andrea Padilla, que busca prohibir la comercialización y exhibición de animales en vitrinas.
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