Debido al desplazamiento de alrededor de 400 personas, según cifras preliminares, desde la vereda Bocas del Manso y zonas aledañas hasta el casco urbano de Tierralta, el Defensor del Pueblo le reiteró al Gobierno Nacional coordinar acciones interinstitucionales con el objetivo de brindarles atención a los núcleos familiares que abandonaron sus viviendas de esa zona rural del centro-sur de Córdoba.
«Ante esta emergencia humanitaria, que podría aumentar con el paso de las horas, les solicitamos a los entes nacionales y departamentales atender la situación, pues el ente municipal ya desbordó su capacidad para hacerle frente a lo que está sucediendo», indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Quienes se desplazaron, que ahora mismo están resguardándose en cambuches improvisados en el parque Santiago Canabal del municipio, abandonaron sus casas, según su testimonio, porque las instituciones del Estado no les cumplieron con lo que se comprometieron luego de las denuncias sobre abusos de militares contra la comunidad.
Profesionales de la Regional Sur de Córdoba, de la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana y la Delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, de la entidad garante de los derechos humanos, instalaron una mesa de trabajo para que los representantes de las entidades competentes y los voceros de las comunidades desplazadas (Llanos del Tigre, Palestina, Gloria 1 y Gloria 2, Sancón, Ballenas, Tucú, Gilgal, San Pablo, Bocas de Cruz y Bocas del Manso) lleguen a acuerdos que permitan superar lo que está sucediendo.
“El riesgo de desplazamiento lo advertimos en días pasados, llamamos la atención de entidades nacionales, departamentales y municipales para evitar que se configurara. Sin embargo, hay un número importante de personas que, asentadas en Bocas del Manso, decidieron dejar sus bienes y enseres a merced de la suerte y emprender el éxodo”, manifestó Carlos Camargo.
Añadió que es obligación del Estado, como lo señaló el pasado fin de semana, atender sus reclamos y buscarles soluciones, pues son personas que, al verse en un ambiente de zozobra por la presencia de militares en sus veredas, el temor y el no cumplimiento de lo pactado, se vieron obligadas a abandonar los lugares donde habitan.
Uno de los puntos acordados en una primera sesión de la mesa es poner en marcha la realización de un censo que permita determinar con certeza el número de desplazados y las comunidades a las que pertenecen; igualmente, les fue brindada orientación para evitar el ingreso en las listas de personas que no pertenezcan a la población desplazada.
“Hemos presentado tres requerimientos para que sea atendida la emergencia humanitaria. El primero fue dirigido a la Alcaldía de Tierralta, en el que le solicitamos la realización de un Comité Extraordinario de Justicia Transicional para que sean adelantados el censo y la toma de declaraciones”, contó Carlos Camargo Assis.
En el segundo se le solicitó a la Gobernación de Córdoba la activación de un plan de choque, atendiendo al auto 894 del 2022, y en el tercer requerimiento, al director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, para que también active un plan para atender la emergencia.
