Desde Barranquilla, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, anunció que el organismo de control iniciará un riguroso seguimiento técnico y fiscal a la gestión de Air-e, empresa intervenida por el Gobierno nacional a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Rodríguez explicó que la Contraloría evaluará de manera permanente las decisiones adoptadas por la Superservicios durante el periodo de administración temporal, con el propósito de garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico en la región Caribe.
“El seguimiento comprenderá el análisis de las condiciones de la intervención, sus efectos sobre la sostenibilidad del servicio y la gestión de las vigencias 2024 y 2025. A partir de esos resultados se emitirán las advertencias correspondientes”, precisó el jefe del ente fiscal durante el 12° Foro Energético Andeg.
El contralor advirtió que la sostenibilidad y seguridad energética del país no pueden depender de decisiones tardías, vacíos en la gestión ni falta de coordinación institucional. “Colombia requiere planeación rigurosa, ejecución oportuna de los recursos públicos y un sistema robusto que asegure energía eficiente, de calidad y a precios justos”, afirmó.
Rodríguez reveló que, según información de la Superservicios, el fondo empresarial de la entidad contaba a marzo de 2025 con $416.500 millones, de los cuales solo estaban disponibles $167.000 millones. Dicho fondo soporta obligaciones por $324.000 millones de ocho empresas intervenidas y deudas por $2,2 billones asociadas a tres compañías en liquidación, entre ellas Electricaribe.
En este escenario, la Superintendencia estudia alternativas para obtener nuevos recursos, incluida la eventual creación de una renta parafiscal. Sin embargo, el contralor advirtió que tales mecanismos requieren tiempo, mientras la deuda sigue aumentando.
A esto se suma, dijo, la morosidad de alcaldías y gobernaciones con las empresas de energía en el Caribe, así como retrasos del Gobierno nacional en el giro de subsidios, factores que han deteriorado la estabilidad financiera del sector.
Finalmente, el contralor alertó que Air-e, bajo intervención estatal, acumula deudas cercanas a los $900.000 millones con proveedores de energía en bolsa, situación que impacta directamente en la operación de las plantas térmicas del país.
