La Cámara Colombiana de Energía (CCE) calificó como una salida “positiva” la posibilidad de que una empresa pública asuma la prestación del servicio de energía en la región Caribe, en caso de que Air-e sea liquidada.
El pronunciamiento se dio tras las declaraciones del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien dejó abierta la puerta tanto a la intervención estatal directa como a la eventual disolución de la compañía, en medio de la crisis financiera que enfrenta.
De acuerdo con la CCE, la compleja situación de Air-e ha golpeado a toda la cadena del sector eléctrico, afectando pagos a proveedores y contratistas encargados del mantenimiento del servicio. Recordó que desde septiembre de 2024, cuando la empresa fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, suspendió sus pagos y “no existe un panorama claro ni certeza frente a su recaudo”.
El gremio advirtió que las deudas acumuladas por Air-e superan los 1,5 billones de pesos en menos de un año de intervención, un escenario que, según señaló, “pone en riesgo el desarrollo de la región y demanda soluciones urgentes”.
Frente a ese panorama, la CCE insistió en la necesidad de que el Estado convoque un diálogo “franco y constructivo” con los actores del sector para definir salidas viables que garanticen la continuidad del servicio y el respaldo a los proveedores.
