Lo que acaba de suceder con el concurso de méritos para la provisión de cargos de jueces y magistrados de Tribunales en todo el país convocado por el Consejo Superior de la Judicatura, es preocupante. La rajadera fue total porque según ha trascendido, solo el seis por ciento de los inscritos superó la prueba de conocimiento, lo que quiere decir que de cuatro mil quinientos abogados que participaron, solo superaron la prueba un poco más de doscientos. Lo que además de inquietar a todos nos debe alarmar si se tiene en cuenta que un gran porcentaje de profesionales que perdieron el examen, ostentan en actualidad el cargo de jueces y magistrados, posiciones que ocupan en provisionalidad.
La Guajira desafortunadamente también puso su cuota de responsabilidad en la rajadera para promover los cargos dentro del programa de concurso de mérito convocado por el Consejo Superior de la Judicatura, asunto que merece una profunda reflexión ya que no hemos podido establecer si el examen estuvo por fuera de los parámetros al cargo que van a proveer, o nuestros profesionales no estaban preparados para responder el examen de conocimiento.
Jamás vamos a someter a duda el profesionalismo y la preparación de nuestros abogados, sabemos que hay una gran estela de estudiosos de las leyes muy competentes y de aquilatadas condiciones morales, pero también hay que reconocer que se conocen profesionales del derecho que por su mediocridad y falta de decoro, restan imagen, credibilidad y brillo a su profesión.
Felicitamos a los diecinueve guajiros que pasaron el examen de setecientos que se presentaron, destacamos su solvencia profesional y ética en beneficio del ejercicio independiente y autónomo de la función jurisdiccional. Quienes lograron los mejores índices de resultados, alcanzaron el premio de montaña en una competencia difícil que los llevará a la meta de la judicatura. Sabemos que a quienes le faltaron décimas en la calificación, merecen interponer los recursos legales que le permita una revisión, allí es posible que de los diecinueve que pasaron podría superar los veinte.
No dudamos que la concurrencia y participación de nuestros profesionales se cumplió con transparencia, además que en el examen a nuestros abogados predominó la imparcialidad y la calidad. De prevalecer la transparencia en el examen, nos corresponde entonces hacerle un llamado a los directivos de la universidades públicas y privadas para que revisen sus programas de Derecho, para que autocríticamente verifiquen qué clase de profesionales le están entregando a la sociedad. Igualmente para los Colegios de Abogados, para que analicen qué fue lo que pasó con la rajadera de nuestros profesionales, sobre todo, que el examen no lo hizo ninguna de las universidades cuestionadas por tráfico de influencias y otras indelicadezas durante el trámite de otros concursos de méritos. El examen lo hizo una de las universidades experimentada en la materia, la Universidad Nacional de Colombia.