La abogada Alejandrina Victoria Ramírez Campo interpuso un recurso de apelación a la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, que suspendió provisionalmente los efectos del acto contenido en el formulario E-26 de fecha 27 de octubre de 2019, por medio del cual la comisión escrutadora municipal declaró electo a Juan José Robles Julio como alcalde de Manaure.
La jurista, quien actúa como apoderada de Robles Julio, en el fundamento del recurso de apelación, aseguró que “la decisión del Tribunal no fue acertada porque se apartó de los parámetros de la sana crítica” y desestimó el escenario legal, debido a que no contaba con pruebas aportadas por la parte demandante.
Afirma que el Tribunal debió realizar un silogismo adecuado en el análisis de las pruebas allegadas con la solicitud, para establecer si era viable decretar la medida de suspensión pretendida, lo que implica analizar el acto acusado frente al contenido de la norma señalada como infringida a fin de concluir si surge la contradicción.
En ese sentido, Ramírez Campo precisó que es falso que la Universidad de La Guajira administre tributos, tasas o contribuciones y menos que lo realice en Manaure.
De acuerdo al estatuto general de la Universidad, es un ente universitario autónomo, de carácter estatal, de servicio público cultural, abierto, participativo, pluralista y humanista de orden departamental.
“Como puede observarse del estatuto de la Universidad de La Guajira, tanto su naturaleza jurídica como su misión no es la de administrar tributos, tasas o contribuciones, por el contrario la misión es la de formar profesionales que perciben, aprenden, aplican y transformar los saberes y la cultura”, argumentó.
La jurista advirtió que la estampilla Pro Universidad de La Guajira tiene una creación legal, es decir, del Congreso de la República, ley 71 de 1986, que autorizó a la Asamblea departamental para que a través de ordenanzas reglamente el uso obligatorio de la misma en las actividades y operaciones que se realicen en el Departamento y sus municipios.
Además también autorizó a la Gobernación para la fiscalización, liquidación oficial, cobro y recaudo de los valores producidos por su uso.
Argumentó que se concluye que la Universidad de La Guajira y su rector Carlos Robles Julio, no tienen competencia constitucional ni legalmente de administrar y controlar tributos, en particular la estampilla Pro Universidad y se reitera que mucho menos es sujeto activo, es decir, Robles Julio no se encuentra incurso en el numeral 4 del artículo 95 de la ley 136 de 1994.
Recuerda la sentencia de la Corte Constitucional C-768 del 23 de septiembre de 2010, magistrado ponente Juan Carlos Henao Pérez, que se pronunció sobre la exequibilidad del proyecto que modifica la ley 71 del 15 de diciembre de 1986:
La abogada Alejandrina Victoria Ramírez precisó que de acuerdo a la Corte Constitucional, los ingresos ordinarios de origen tributarios no ingresan directamente al patrimonio del ente universitario, por el contrario son recursos que le corresponden al departamento de La Guajira y este ejerce su administración, fiscalización y control por su condición de sujeto activo del tributo.
Además, dice la profesional del Derecho, que la Universidad de La Guajira no tiene sede u oficina en el municipio de Manaure, como tampoco el rector es representante legal del centro regional de educación superior en esa localidad, puesto que se trata de una alianza conformada por la Gobernación, la Universidad, los municipios de Uribia, Manaure y Maicao, el Sena, la Unad, la Universidad San Martín y Tecnofuturo.
Agregó también que el 20 de abril de 2016, la Universidad de La Guajira a través de su rector encargado Boris Romero Mora, renunció de manera irrevocable ante los miembros de la alianza Ceres-Manaure para la continuación como operador del Ceres.
Y puntualizó que los funcionarios y docentes que tienen asignadas funciones para ser ejecutadas por el Ceres-Manaure, su vinculación, posesión y/o contratos se perfeccionan en Riohacha, lugar del domicilio principal de la Universidad, es decir, el rector no está ejerciendo ninguna clase de autoridad civil, administrativa, política o militar en la citada localidad.
