En una comunicación enviada a la magistrada del Tribunal Administrativo de La Guajira, María del Pilar Veloza Parra, la también magistrada Carmen Cecilia Plata Jiménez solicitó ser separada del proceso que se sigue en esa dependencia contra Juan José Robles Julio, alcalde electo de Manaure, demandado en el marco de un proceso de nulidad electoral por parte de Emiliano Arrieta Monterroza. La primera demanda la interpuso Carlos Andrés Urbina.
Plata Jiménez, en una extensa comunicación, explica que la decisión tiene como fundamento “evitar el más mínimo asomo de duda sobre su imparcialidad por el interés directo o indirecto que en el proceso pudiera surgir en caso de llegar a verse afectado como ser humano su fuero interno, alterando su espíritu de ánimo sereno y objetivo”.
“Si se consideran los ataques malintencionados que circulan en las redes sociales desde el día en que se conoció el decreto de la medida cautelar por parte de quienes no respetan las decisiones judiciales y sin acudir a las vías legales, propician irresponsablemente el desprestigio de una familia, por ello ruego a la sala examine la situación subjetiva descrita y me separe del conocimiento de este asunto”, expresó la magistrada en el documento.
La solicitud tiene como fundamento una primera decisión de la magistrada Carmen Cecilia Plata Jiménez, dentro de una actuación de control de nulidad electoral por parte de Carlos Andrés Urbina contra Juan José Robles Julio, en la que consideró no estar incursa en causal de impedimento alguno para asumir el caso. Razón por la cual profirió el auto admisorio de la demanda y decretó la medida cautelar solicitada de suspensión provisional de los efectos del acto contenido en el formulario E-26 ALC de fecha octubre 27 de 2019, por el cual la comisión escrutadora municipal declaró la elección del demandado para el periodo 2020-2023.
Aseguró que es un hecho notorio que a través de los medios de comunicación y las redes sociales han surgido cuestionamientos sobre la posible falta de independencia e imparcialidad que le pudiera asistir para asumir el conocimiento del medio de control referido, debido a que el representante legal de la empresa Geoingeniería Ltda., es su hijo Fernando Enrique Mendoza Plata, y por razón de la conformación de Uniones Temporales con otras empresas, algunas de las propuestas presentadas en procesos licitatorios públicos abiertos en Manaure han resultado seleccionadas.
Afirmó, sin embargo, no estar incursa en la causal prevista en el artículo 130 numeral 4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que en lo pertinente impone declarar el impedimento: “cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la condición de representantes legales o socios mayoritarios de una de las sociedades contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados”.
Agregó, que frente a las referencias de algunas redes sociales y medios de comunicación, pese a que las causales del impedimento son taxativas y su interpretación debe ser restrictiva, fundamentadas de manera clara, cierta, específica, pertinente y suficiente, considera entonces su deber exponer ante la Sala de la Corporación frente a los señalamientos de no haber declarado el supuesto impedimento en el proceso porque no existe contratación directa entre el municipio de Manaure y Geoingeniería Ltda.; que su pariente dentro del primer grado de consanguinidad no es el representante legal de las uniones temporales constituidas para participar de los procesos licitatorios que les han sido adjudicados; que el porcentaje de participación de la empresa en las UT ha sido minoritaria pues así se lo hizo saber personalmente su hijo y que es totalmente respetuosa, independiente y ajena a las actividades profesionales que ejerce dicha empresa.