El Gobierno nacional y la Procuraduría han advertido el excesivo uso y abuso que están realizando hoy quienes tienen la responsabilidad de los manejos de los dineros públicos. Es decir, los funcionarios públicos con poder de decisión y contratación están aprovechando la bonanza jurídica que les otorga el marco de los decretos de la emergencia sanitaria que expide la Presidencia para echar al traste los pliegos tipos, creados para evitar que los gobernadores, alcaldes, oficinas descentralizadas siguieran utilizando la modalidad de “pliegos sastres”. Sin embargo, esta copia y modelo de corrupción al parecer se viene practicando en las escuelas y colegios públicos de Colombia. El ejemplo de esas artimañas de nuestros politiqueros en el empleo de los “pliegos sastres” que se creían extintas o acabadas en el gasto del erario público, son practicadas desde la escuela. Lo que faltaba. Se ha impregnado en el pensum académico de las escuelas públicas, el modelo corrupto sin control fiscal de contratación escolar a los dineros de calidad y gratuidad que año a año, les giran el Ministerio de Educación a los fondos de servicios educativos –FSE–.
Revisando la página de contratos estatales pude observar como la contratación que hicieron los rectores y directores del municipio donde laboro, logro percibir una copia en la redacción de los contratos, en objeto y valor a contratar. Llamó la atención que durante el año 2020 cuando las escuelas estaban cerradas en un 100% y todos nuestros estudiantes y docentes nos encontrábamos “encerrados” por la Covid-19, se firmó y celebró contrato para surtir el botiquín escolar, que en actividades normales no habría espacio a discusión, pero con estudiantes en casa ¿era prioritario gastarse 12 millones?
El pasado viernes 19 de noviembre de la presente anualidad, presente durante una invitación que nos hiciera a los docentes el Concejo de Fonseca, fueron citados los rectores de las instituciones públicas, pocos acudieron al llamado, a informar ante este ente de control político, la situación de infraestructura, retorno a la presencialidad e inversión de los casi 800 millones de pesos girados por el MEN en febrero 2021 a las escuelas del municipio. Allí, los cabildantes se quedaron esperando respuestas a la inversión de recursos, los rectores llegaron con un libreto uniforme presentado como discurso. Incluso, algunos ediles se mostraron tibios en sus reclamos a la famélica presentación y pocas respuestas a un cuestionario enviado. Es decir, los rectores se blindaron a entregar de manera pública, una rendición de cuentas.
Pero la Contraloría no escampa a este blindaje directivo. La utilización excesiva y constante de la figura de “urgencia manifiesta” que el día anterior alertó la procuradora Margarita Cabello, también fue empleada por los rectores en el año 2020. A esto me asisten preguntas: ¿Acaso la institución educativa no tenía un consejo directivo debidamente y legalmente posesionado para el año 2020? ¿Fue legal la utilización de esa figura en la escuela y sobre todo al finalizar el año escolar 2020? Ante lo anterior, la Contraloría de La Guajira nos responde que no sabía del uso de esa figura en las escuelas. Es decir, que el control fiscal al que tiene que someterse una entidad al emplear esta figura, no se hizo. Pregunto: ¿Quién controla a quién?
