Del 31 de octubre al 12 de noviembre se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26) en Glasgow – Escocia. Un objetivo importante de la cumbre es limitar el aumento de temperatura a 1,5 C. También se está discutiendo la eliminación del carbón y la reducción de las emisiones de metano.
En el anterior contexto mundial de ecocidio, la situación de Colombia y su territorio no puede ser peor por la sistemática destrucción de los recursos naturales renovables, dado el modelo de desarrollo económico insostenible que se ha impuesto desde los años 80 y la ineficacia, por no decir que nugatoria, de políticas públicas y medidas gubernamentales nacionales y territoriales para mitigar la catástrofe medioambiental.
En la COP 26 la abultada delegación colombiana encabezada por la Presidencia de la República (con más de 150 personas), aparentan ser “luz para afuera, pero oscuridad para dentro de la casa común” en un diálogo para no decir que monólogo de sordos en el concierto internacional. Una prueba de lo anterior es la negativa del Gobierno nacional para la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Si bien es cierto que el Gobierno nacional de 2015 impulsó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 a nivel mundial, lo declarado e inaplicado al respecto en el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia o Pacto por la Equidad 2019-2022, en los treintados y 1.121 planes de desarrollo y de ordenamiento departamentales, distritales y municipales 2015-2022, no detiene la destrucción del entorno territorial colombiano.
Muy a pesar de la misión del Ministerio del Ambiente, del Sistema Nacional Ambiental operado por 32 corporaciones autónomas de desarrollo politizadas, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y de todas las consultas previas e informadas con los indígenas, afros, raizales y gitanos y el Acuerdo de Paz, el deterioro del ambiente entero es cada día más creciente.
Si se focaliza esta problemática del cambio climático en la región Caribe donde está el corazón del mundo, según la cosmovisión de las cuatro etnias de la Sierra Nevada, y se georreferencia en el departamento de La Guajira y sus quince municipios, la situación no puede ser más dramática y paradójica.
Con la mayor biodiversidad de Colombia, la irracionalidad, inequidad y corrupción en el manejo de las bonanzas algodonera, marimbera, minera y la que se inicia con las energías renovables por la “transición energética”, están condenando a ser fallido esos territorios en permanente amenaza y vulnerabilidad en su sustentabilidad para las generaciones futuras. Como clamara el Secretario General de la ONU en la instalación de la COP 26, estamos “cavando nuestras propias tumbas”.
No es apocalíptico afirmar que tenemos la última oportunidad si queremos sobrevivir para comprometernos a implementar con acciones concretas un pacto por la vida a partir de alianzas estratégicas con los pueblos originarios para la conservación y protección de los ecosistemas del país y poner en práctica las recomendaciones del grupo de expertos y expertas convocados por la Universidad Nacional a propósito del reciente paro nacional: Ver enlace: https://convergenciacolombia.unal.edu.co/toolkits/9_Pacto%20por%20la%20vida.pdf)
La educación para la descarbonización debe fundamentar el Pacto por la Vida. Este se concretará en acuerdos sectoriales, regionales y territoriales de gestión ambiental construidos sobre nuestras prioridades de país.
El Acuerdo por la Vida aprovechará experiencias internacionales como el Green New Deal y la sección 102 de la Orden Ejecutiva de los Estados Unidos (2021), además de la disponibilidad de recursos financieros de la banca multilateral para superar la crisis generada por el Covid-19 en el marco de una recuperación “reverdecida”.
Se solicita, también que se tengan en cuenta las múltiples propuestas que se han hecho en Colombia desde las organizaciones de la sociedad civil, grupos académicos y comunidad internacional.
Deberá el consenso por la vida estructurarse con metas graduales (2025, 2030, 2035, 2040), trascender la gestión de los gobiernos y concebirse como una política de Estado (deseable con garantes internacionales).
El Pacto por la Vida debe examinar propuestas para superar las condiciones de violencia en las zonas de cultivos ilícitos y avanzar hacia la despenalización de las personas campesinas cultivadoras de hoja de coca y marihuana, focalizando la lucha contra el narcotráfico en los eslabones propios de sus cadenas criminales.
Reiteramos: Ante un mundo ambientalmente insostenible e inviable, no estamos condenados por la tierra al suicidio colectivo.
