Las organizaciones de la sociedad civil, Centro de Investigación y Educación Popular –Cinep– Programa por la Paz; la Organización Nacional Indígena de Colombia –Onic–; la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares –Codacop–; Defensa de Niñas y Niños Internacional –DNI–; Omaira Orduz Rodríguez y la Fundación Caminos de Identidad –Fucai–; Omaira Orduz Rodríguez, reafirmamos el compromiso asumido en el marco de Veeduría Ciudadana a la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017.
Desde noviembre de 2019 se delimitó el Plan de Seguimiento y Evaluación –MSE– de la Sentencia. Así a lo largo de este tiempo se han realizado acciones de seguimiento, acompañamiento, se ha verificado los mecanismos de participación comunitaria, levantando informes técnicos y estos se han compartido con los entes de control.
Ante la grave situación de desnutrición de niños y niñas entre cero y cinco años, se han adelantado unas intervenciones humanitarias rápidas en los pueblos wayuú, en las que realiza incidencia para el cumplimiento, capacitación en mecanismos de exigibilidad, soluciones de alimentación entre otras acciones que buscan evitar la muerte temprana de los niños y niñas menores de cinco años, ante grave negligencia de las instituciones responsables.
Reconocemos en estos dos años de contacto directo con el pueblo wayuú sus valores y su riqueza sociocultural, que se refleja en el cuidado integral de niños y niñas en los espacios de la familia, la escuela, las UCA y todos los usos y prácticas de vida cotidiana de parte de las mujeres wayuú.
Gracias a las prácticas de solidaridad sostenida de parte de las mujeres ante los recursos tan limitados del ecosistema y de la deficiente respuesta institucional, los niños han logrado su pervivencia.
Esta valiosa práctica fue constatada en las diferentes visitas y entrevistas, sin embargo, los discursos e informes oficiales mantienen el sesgo racista, excluyente y estigmatizador que tiende a reforzar el imaginario donde la cultura wayuú es la principal culpable de la situación de la niñez. Reafirmamos que la cultura wayuú no es la responsable de muerte de los niños y niñas, pues sigue teniendo como rasgo cultural el ser cuidadores y ser respetuosos de la niñez, que se evidencia en el acompañamiento y solidaridad en la crianza.
Realizamos un llamado urgente a cuestionar y desmontar estos discursos y prácticas racistas, xenófobas, excluyentes y estigmatizantes. Ya que existe una gran barrera cultural dominante que reduce y aísla a la pueblo wayuú del goce y disfrute de sus derechos como ciudadanos libres y dignos.
Esta barrera la vemos con cada maltrato institucional, en cada restricción en los hospitales, en el Icbf y en las alcaldías. Llama la atención que el estado colombiano invisibilice por medio de manuales, políticas y acciones el potencial de solución desde el pueblo wayuú; y que no cumpla con las 10 sentencias ordenadas, el resultado es lamentable y doloroso la pérdida de la vida de 296 niños. Estamos seguros de que si solo una de las sentencias se hubiera cumplido ha cabalidad no estaríamos lamentando estas muertes.
Ante las 296 muertes que se han presentado entre la fecha de publicación de sentencia y el día de hoy las organizaciones integrantes de la Veeduría demandamos:
Primero, que todas las entidades accionadas en la Sentencia T 302 no solo conozcan, sino que se la apropien y la desarrollen de acuerdo con su responsabilidad institucional.
Segundo, recomendamos con carácter de urgencia que se articule la planeación del mecanismo de la sentencia por medio de una línea base, unos objetivos claros con indicadores pertinentes, un presupuesto suficiente, mecanismos de verificación sencillos e informes de resultados del mecanismo a la comunidad y al Gobierno.
Tercero, exigimos que se implemente un sistema de información sobre niñez unificado a nivel institucional que supere la información dispersa sobre ejecución en distintas instituciones, en su lugar debe primar la trazabilidad para el desarrollo y pervivencia de la niñez.
Cuarto, exigimos que las entidades de control cumplan con los mandatos de la Sentencia y lleven hasta las últimas consecuencias a los funcionarios y operadores implicados en el desacato.
Quinto, animamos a que la Corte Constitucional siga tomando las acciones y medidas correspondientes para que se dé el cabal cumplimiento de la Sentencia T-302.
Así mismo, hacemos un llamado para que los diferentes pueblos de la Nación Wayuú asuman el liderazgo de protección del derecho a la vida su pueblo.
Y finalmente llamamos la atención para que la sociedad civil siga el ejemplo de los jóvenes huelguistas de La Guajira quienes durante 30 días expusieron su vida en una huelga de hambre para llamar la atención en el cumplimento de la sentencia. Su acto de amor por la vida y el interés por proteger a los niños y niñas wayuú nos debe alentar a respaldar, replicar o activar nuevas formas de acciones por la vida desde la sociedad civil.
Como Veeduría Ciudadana nos comprometemos a seguir los próximos tres años vigilando y exigiendo el desarrollo de la Sentencia, por que como dijo el magistrado José Fernando Reyes: “Cada niño wayuú muerto por hambre, nos degrada como nación. Nos muestra como un país indolente, atrasado y sin ninguna perspectiva decente de futuro, el grado de civilización de un país también puede medirse por el nivel de importancia que otorga a la alimentación y salud de sus niños y sobre todo de los más vulnerables”.
Acá seguiremos “Hasta que la dignidad se haga costumbre”
Fuente: Veeduría Ciudadana a la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017
