Ante la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, entre otras entidades, fue instaurada una denuncia por presunta violación de los derechos humanos por parte, supuestamente, de la Policía Nacional y de la empresa Grupo de Energías de Bogotá en una comunidad wayuú en la Alta Guajira.
Mediante un comunicado de prensa, la comunidad Parriyen de Uribia, informa lo sucedido. “Como consta en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía con el asunto: violación de DD.HH. por parte de la Policía Nacional y la empresa Grupo de Energía de Bogotá, los miembros de la Policía Nacional que atentaron contra la vida individual y colectiva de los wayuú de Parriyen, vulneraron gravemente nuestro derecho a la identidad cultural y espiritual, robando los collares que pertenecen a nuestro Eirruku Epieyú, que son sagrados, así como nuestro derecho al territorio, llegaron a la reunión acompañando una comisión de la empresa Grupo de Energía de Bogotá”, expresa.
De acuerdo al comunicado, los hechos ocurrieron mientras se desarrollaba la reunión y los policías “se ausentaron ingresando al territorio a comunidades que quedan a más de 6 km de distancia del lugar de reunión (Tankamana)”. Asimismo, rechazan el comunicado de prensa emitido por la empresa Grupo de Energías de Bogotá.
“El comunicado de la empresa Grupo de Energía de Bogotá, evidencia el desconocimiento de nuestra realidad como wayuú, toda vez que Tankamana hace parte de un gran territorio que pertenece al Eirruku Epieyú, si bien hoy tienen procesos independientes, Tankamana y Pariyen es territorio de los Epieyú. En ese sentido, los Epieyú de Parriyen nos encontrábamos en la reunión en la ranchería de Tankamana mientras ocurrieron los hechos. El comunicado de la empresa Grupo de Energía de Bogotá evidencia mala fe, toda vez que la empresa fue informada de la gravedad de lo sucedido en horas de la tarde, no en horas de la noche. Con esta afirmación la empresa pretende restarle importancia a lo sucedido”, precisa la comunicación.
Además indicaron: “Si bien la fuerza pública no tiene territorio vedado, las empresas que adelantan actividades con acompañamiento de la fuerza pública en territorios indígenas, deben tener lineamientos y protocolos para prevenir violaciones de derechos humanos como la que ocurrió el 16 de noviembre”.
“La fuerza pública debe hacer presencia en los territorios de acuerdo con la directiva 16 de 2016 del Ministerio de Defensa, garantizando los derechos humanos de las comunidades, lo cual implica el conocimiento y el respeto de sus usos y costumbres. Lo ocurrido el 16 de noviembre es una alerta para nosotros los wayuú sobre los impactos que vienen desde ya con los procesos de consulta previa de los proyectos de energía eólica e interconexión, más aún si son adelantados por personas sin conocimiento de los usos, costumbres y cultura, y de una manera desarticulada entre las instituciones públicas y privadas que hacen presencia en nuestro territorio”, acotaron.
Además, manifestaron que “en el ejercicio de nuestro gobierno y nuestra jurisdicción propia, manifestamos que no adelantaremos ningún proceso de consulta previa hasta tanto no tengamos un diálogo de alto nivel con la Policía Nacional, el representante legal de la empresa grupo de Energía de Bogotá y el director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, con el acompañamiento de los organismos de control, en el que conozcamos las políticas de la empresa en materia de DD.HH y pueblos indígenas, definamos una ruta para prevenir nuevas violaciones de DD.HH en nuestro territorio durante el proceso de consulta, y se reparen los daños causados de acuerdo con nuestros usos y costumbres”.
Por último, agregaron; “Lo anterior implica como primera medida la devolución de los collares, que como es sabido tienen para nosotros un valor espiritual. Los pueblos indígenas somos sujetos de especial protección constitucional. A su vez, los wayuú somos un pueblo declarado en riesgo de extinción física y cultural por la Corte Constitucional.
Igualmente, la Corte Constitucional ha declarado un estado de Cosas Inconstitucional en relación con los derechos fundamentales de los wayuú en Uribia. Las acciones aquí denunciadas incrementan el nivel de riesgo de extinción declarado por la Corte, teniendo en cuenta que en el hecho se vieron involucrados menores de edad”.
