El país a todo lo largo y ancho de su geografía registra dramáticos niveles de inseguridad y sus ciudadanos se muestran cada día y cada vez más definitivamente inconformes al sentirse inmersos en un franco deterioro de la seguridad urbana y rural en todas sus formas, maneras y variables desde hace ya algún tiempo, particularmente en las ciudades capitales; y no obstante los esfuerzos y estrategias, muchas por parte de los gobiernos y Fuerza Pública, los municipios todos comienzan a traslucir deterioros en su orden social, revelados exponencialmente en atracos a mano armada, atentados terroristas, raponazos, hurto de vehículos, violaciones, homicidios con armas de fuego, cortopunzantes, y resultado de además otras acciones delictivas, lo que se traduce en que tengamos una ciudadanía amedrentada, al filo de la desesperación por esa ola de violencia urbana y rural desbordada en todos sus límites.
Causas de la inseguridad son muchas sin duda, siendo principales en la inseguridad que acusamos el incremento vertiginoso de población desplazada, migraciones, aumento de la pobreza, superpoblación de sectores económicamente deprimidos, caldos de cultivo propicios para que facciones delictivas de distinta naturaleza, origen y propósitos permeen, infiltrando y penetrando a los suyos dentro de estos núcleos y de contera pervirtiendo los sistemas de seguridad.
Inciden igualmente en la inseguridad, el caos vehicular, la invasión del espacio público por vendedores informales, el mal uso de los servicios de protección y demás arbitrariedades, lo que facilita la acción de toda suerte de delincuentes que abundan en nuestras calles.
Otro de los factores que tienen que ver con lo cual es la corrupción gubernamental y la impunidad como generadores de violencia, la delincuencia de cuello blanco de alto impacto y otras modalidades que generan más violencia, ya que el ciudadano del común percibe que solo requiere de alguna prebenda para burlas y pasar por encima de la normatividad legal, lo que justifican con aquello de ¿Si ellos lo hacen, por qué no yo?
La insolidaridad ciudadana es otro de los elementos que ayuda en esa inseguridad. Los delincuentes asaltan a la luz del día y a la vista de todos, sin que nos inmutemos y actuemos con indiferencia. La solidaridad y ayuda cívica con la Fuerza Pública es mínima. Raros son los casos en los que los ciudadanos avisan a las autoridades de hechos sospechosos que atentan contra personas y comunidades. No funciona entre nosotros la conexión ciudadanía – autoridades, lo que evitaría que la seguridad se degrade a niveles preocupantes como los que nos agobian.
De igual manera contribuye a la inseguridad en alto grado la ineficiencia de la Fuerza Pública causada por la impericia de los gobernantes locales y regionales que se encuentran mal ordenadas en cuanto a dirección gubernamental por parte de los mandatarios locales y departamentales. Es común que en los niveles regionales y locales los gobernantes señalen políticas para mantener la tranquilidad o mejorarla; sin embargo, en la mayoría de los casos, tales directrices no se corresponden con las propias realidades y necesidades sufridas. Otro aspecto tiene que ver con los mandatos demagógicos y populistas de algunos mandatarios que caen en la tolerancia a ultranza, y no tienen en cuenta como sentenciara Fiodor Dostoyevski, que “La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles”.
No contamos respecto de la seguridad, con planes, proyectos ni programas a largo plazo. Mucho se improvisa en esta materia como respondiendo a impulsos, a lo que se vaya presentando, donde la labor realizada se minimiza por parte del sucesor y se desecha lo avanzado.
El descontento ciudadano crece, de ahí que en vía de solución para que entre nosotros refulja la seguridad, es el imperio de la ley por parte de la gente, sin que intereses, clase social, poder económico, influencias políticas o social; entender que se deben acatar las normas para que reinen el orden y la seguridad. Esa y no otra es la principal tarea que deben poner en práctica gobernantes, políticos y servidores públicos en general, quienes deben conocer a fondo cómo funcionan las unidades territoriales y cuál es el papel real de la Fuerza Pública como elementos de apoyo en el mantenimiento de la paz y tranquilidad en municipios y departamentos.
Es entender que la efectividad y estabilidad de sus unidades territoriales necesitan directrices de conformidad a la región en donde cumplen sus funciones y no debe trasladarse dicha responsabilidad total en estos abnegados guardianes del orden.
