Entre los años 2002 y 2010, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, precedido de la implementación del ‘Plan Colombia’, concebido y estructurado por el presidente Andrés Pastrana Arango para fortalecer y equipar a la Fuerza Pública, el Ejército y la Policía Nacional combatieron, redujeron y derrotaron a toda suerte de criminales sin tregua ni descanso, literalmente “los pusieron a raya”.
Fue entonces cuando los indicadores de criminalidad y delito descendieron a los niveles más bajos de las últimas décadas.
El crimen fue proscrito de la región Sur de La Guajira con la significativa merma y desmantelamiento de la guerrilla de las Farc, el sometimiento de las AUC y el combate sin cuartel contra el cultivo, procesamiento y tráfico de estupefacientes; se puso fin al secuestro extorsivo, abigeato, extorsión, muertes selectivas y desapareció el miedo, antes apareció la esperanza.
Los campesinos, agricultores y ganaderos pudieron regresar a las labores del campo sintiéndose seguros y tranquilos, los comerciantes reanudaron sus actividades y el comercio recobró su dinámica y los habitantes del Sur de La Guajira volvieron a transitar sin temores por las carreteras de la región y el Departamento. Era el reverdecer de la región Sur.
El 4 de septiembre de 2012, después de dos años de discretos encuentros, conversaciones y pre-negociaciones en La Habana, se da inició a la negociación del presidente Santos con las Farac EP, cuyos miembros levantados contra la institucionalidad y el Estado, responsables de crímenes de lesa humanidad, secuestros, asesinatos, tomas de poblaciones y atentados y daños contra la infraestructura productiva nacional, hicieron dejación de las armas y optaron por convertirse en partido político a cambio del compromiso de contar la verdad, someterse a la justicia, reparar a sus víctimas y comprometerse a no repetir sus delictivos actos.
Es así, como el 26 de septiembre de 2016, las Farc EP y el gobierno nacional suscriben el “Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto” y, posteriormente, se materializa la periódica entrega de las armas por parte los combatientes a una comisión de las Naciones Unidas.
Posteriormente, en agosto de 2018, Iván Duque Márquez, quien en campaña por alcanzar la primera magistratura de la Nación propuso revisar, modificar y reformar el Acuerdo suscrito por Santos con las Farc EP, tomó posesionó como presidente de los colombianos y, desde entonces, su gobierno ha enfrentado, tal vez con más desaciertos que aciertos, disimiles fenómenos desestabilizadores del orden público, social y económico. Una vez más, la tranquilidad y la seguridad en los municipios de la región Sur del departamento de La Guajira se ven afectadas por el cambio drástico en las condiciones de vida de sus pobladores debido al aumento de Grupos Armados Ilegales, crimen organizado transnacional, grupos armados organizados, desplazamiento forzado, migración de criminales venezolanos, economías ilegales y la presencia de la disidencia de las Farc EP, al igual que en otras regiones del país.
Según el informe “Sin dios ni ley”, realizado por Pares, los principales actores identificados en la región Sur son: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el ‘Clan del Golfo’, los Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta y Conquistadores de La Guajira, al igual que grupos de delincuencia transnacional y ejércitos privados que amenazan e infunden miedo en la población, por medio de amenazas de limpieza social, al igual que amenazas de muerte a líderes sociales. (https://pares.com.co/2020/02/10/la-guajira-y-cesar-un-territorio-en-manos-del-crimen/)
La Guajira siempre ha sido un territorio con dinámicas complejas, donde el Gobierno nacional abandona a sus gentes a su suerte o se rehúsa a reconocer algunos actores armados, donde, además, se facilita cruzar la frontera con Venezuela y se presenta el crecimiento exponencial de amenazas hacia aquellos que denuncian la situación, y como siempre la población es la más vulnerada.
