El estudio realizado por la Contraloría General de la República al Plan de Alimentación Escolar –PAE– en 31 municipios de 10 departamentos del país, dejó documentadas las fallas que se presentan en La Guajira.
El documento fue entregado al Ministerio de Educación, que trabaja en la modificación del plan por el que solo la Contraloría tiene abiertos 154 procesos de responsabilidad fiscal, que suman $84.000 millones.
Las regiones analizadas fueron La Guajira, Amazonas, Bolívar, Chocó, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Quindío, San Andrés, Vichada y Bogotá, donde persisten las fallas en la aplicación del sistema de alimentación escolar.
En La Guajira, las fallas fueron documentadas por la denuncia del contralor estudiantil de la Institución Educativa Vicente Roig y Villalba de Fonseca, que dejó en evidencia que en el 2018, durante 8 meses, ninguno de los más de 1.200 beneficiarios del PAE recibió alimentación.
“En ocasiones las raciones no son completas, además no hay comedor suficiente, en mi colegio somos 900 estudiantes y solo hay 6 mesas, entonces nos toca turnarnos para comer, y por ser un espacio tan pequeño falta mucha higiene”, explicó el estudiante.
El joven le contó a las autoridades la forma en la que estarían aplicando el PAE en ese municipio, donde habría una especie de pico y placa para tomar los alimentos.
“Cuando pasa eso cada quien tiene un día de turno para comer, es extraño ver que unos comen y otros no sabiendo que todos tenemos la misma necesidad”, comentó.
Las denuncias fueron soportadas no solo con testimonios sino con fotografías de las raciones que son un patacón con jugo.
Otra de las constancias que deja el estudio es que los recursos son insuficientes para la cobertura total del programa durante el año escolar, que los menús no se adecúan a las costumbres y culturas de cada región, que no se promueve el control social durante los procesos de contratación del PAE, y que existe deficiencia en la infraestructura de los restaurantes escolares y su dotación.
“Luego de intervenciones previas con las comunidades educativas que mostraron falencias reiterativas del programa de alimentación escolar, se priorizó para el año 2019 una evaluación estructural con la ciudadanía al programa. Así nació este diagnóstico, que hace parte de la estrategia denominada Control Fiscal Participativo, con la cual la Contraloría General de la República, vincula a la ciudadanía en la gestión y vigilancia a los recursos públicos, que para este caso se realiza a los procesos de administración pública del PAE”, indicó el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez