Suele ser confuso para la comunidad y los veedores ciudadanos cuáles son las funciones de las IPS, lo que causa entre los usuarios de la red sanitaria disgustos. A lo anterior se agrega que ciertos líderes sociales actúan de manera atolondrada, cuando no con evidente intención de armar camorra. Debemos entender que las IPS, ni privadas o públicas, son sitios de custodia familiar de personas.
Cabe anotar que con frecuencia el mismo Inpec pretende que los hospitales sean centros de detención de los presos cuando son egresados luego de haberles atendido sus dolencias de salud. Se alega para no retirarlos fallas sanitarias en los sitios de reclusión, el hacinamiento de las cárceles o la dificultad para el suministro de los medicamentos a estos individuos privados de la libertad, entre muchas razones ciertas, pero las que deben resolver terceros.
Las IPS tienen limitada su responsabilidad a lo que es estrictamente misional; es decir, la atención sanitaria y cualquier extrapolación de la misma hacia suplir las deficiencias del Estado en la atención social extramural a grupos en condición de calle, brindar servicio de hotelería a la población carcelaria o inmigrante, será glosada por la EPS que deba reconocer el pago de dichas asistencias, sin nada que reclamar. Por eso cuando el Hospital San José de Maicao, por caso, le da salida a cualquier usuario de los mencionados grupos humanos una vez ha finalizado su atención médica, tiene que ponerlo en la puerta de la institución sin responsabilidad legal ninguna. No hay manera de justificar los gastos adicionales en que se incurra por prestar el corazón a una situación que no es su compromiso ni su deber. Las IPS se manejan con sentido empresarial del que no deben desviarse.
En este contexto, toca reclamarle a estos representantes sociales lo desconsiderado e imprudente que resulta llevar a esas personas al hospital porque no tienen dónde pasar sus días o requieren cuidados por padecer alguna enfermedad crónica. Todavía peor, esos adalides de la sociedad incurren en situaciones de hecho y les crean incumplibles expectativas a quienes deberían contar con otras formas de amparo social a falta de una familia. No pocas veces se nota un afán de protagonismo, porque si fuese legítima su preocupación por esos seres abandonados, antes de poner por su real gana a los indigentes a las puertas de la IPS, deberían consultar con las autoridades de esta si lo que pretenden es posible que la institución lo pueda asumir. Pero, como ese no es en últimas su interés, obvian lo lógico.
Así, la diligencia que deben hacer ante las autoridades de las IPS la trasladan a los medios de difusión masiva en una vindicta pública. Al despacharse, hacen rodar el prestigio que la IPS trata de conservar con un buen servicio de lo que es su responsabilidad misional. En raras oportunidades guían al necesitado a la consulta externa o a una entrevista con los representantes de la institución para buscar soluciones viables. Jamás se les conoce a estos samaritanos una exigencia enérgica en dicho sentido a la alcaldía, gobernación o a los representantes políticos del departamento. Existe un temor y de ahílos recaudos para no incomodar a quienes tienen poder político y la obligación legal de responder por la población marginal. Deberían denunciar a aquellos que tienen el encargo de proveer condiciones de dignidad de esas almas de calle y
