El pasado 8 de septiembre, la Fundación Paz & Reconciliación –Pares– presentó un informe sobre la violencia electoral que se vive en Colombia, incluso meses antes de iniciar oficialmente las campañas de las elecciones legislativas y presidenciales de 2022.
“A ocho meses de que se lleven a cabo las elecciones al Congreso de la República, ya se registran 36 víctimas de violencia electoral y 29 hechos asociados. Entre el 13 de marzo de 2021 (día que marcó el inicio del calendario electoral) y el pasado 23 de agosto, excluyendo los hechos perpetrados contra personas líderes y defensoras de derechos humanos, cada cuatro días se contabilizó una víctima de violencia político electoral en Colombia”, sostuvo la fundación.
Así mismo, explicó que la violencia electoral es una subcategoría de la violencia política que puede ser definida como aquella que se ejerce contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral.
“En Colombia, la violencia electoral no solo se encuentra estrechamente relacionada con las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también con las dinámicas políticas clientelares y corruptas”, se lee en el informe.
Solo para evidenciar el escenario que se podría vivir en 2022, Pares recordó que en 2019 (elecciones regionales), la violencia electoral dejó 230 víctimas en 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios. Tres de cada 10 víctimas de este tipo de violencia formaban parte de sectores de oposición al Gobierno nacional.
También aclaró que a pesar de que el inicio formal de las campañas será en diciembre, las fuerzas políticas de todo el país ya han empezado a moverse para postular a sus diferentes precandidatos y lograr una curul en el Congreso.
Es por esta razón que Pares identificará este tiempo de campaña “no formal” como el período preelectoral.
“Durante los primeros cinco meses del calendario electoral (13 de marzo – 23 de agosto del 2021), Pares registró 29 hechos violentos que han dejado un saldo de 36 víctimas”.
Cabe resaltar que, del total de los hechos registrados, 23 han sido amenazas y seis homicidios.
Es necesario mencionar que los perfiles más victimizados han sido funcionarios públicos de elección popular (47,22 %). Dentro de este segmento, los concejales han sido los más afectados con seis casos (todos correspondientes a amenazas); les siguen seis alcaldes, dos ediles, dos diputados y una representante a la Cámara.
El siguiente perfil más victimizado es el de miembros de partidos políticos con cinco casos, y en tercer lugar, se encuentran periodistas con cuatro casos.
“En esta etapa preelectoral, los sectores más victimizados han sido aquellos que, a nivel local, según el estatuto de oposición, hacen parte de las coaliciones de gobierno. Esto significa que los partidos que se declararon en gobierno a nivel local son los que han tenido mayor tendencia a ser sujetos de hechos victimizantes”, confirmó el informe de Pares.
Asimismo, llama la atención que existe también una violencia significativa contra aquellas personas que son servidoras públicas o denunciantes de corrupción.
En cuanto a personas de los partidos de gobierno se registraron quince víctimas (42%); de los partidos de oposición diez víctimas (28%); de partidos independientes cuatro víctimas (11%).
Finalmente, debido a que en el seguimiento se registran funcionarios y periodistas, no es posible asignarles una coalición oficial, por lo que en el 19% de los registros (7 víctimas) no fue posible identificar una alineación partidista.
