La Corte Constitucional a través de un fallo de acción de tutela ordenó a la empresa Carbones de Cerrejón y al municipio de Hatonuevo, la reubicación y el restablecimiento de la comunidad de Tabaco en el predio La Cruz, en el término de cinco meses contados a partir de la notificación de la sentencia.
La acción de tutela fue instaurada en el año 2014 por el abogado Pablo Segundo Ojeda, cuando se desempeñaba como personero de Hatonuevo, en atención a una solicitud de la comunidad de Tabaco por la expropiación de sus tierras ancestrales para que Cerrejón continuara con la expansión del plan minero.
En el fallo se establece que se debe definir un espacio de participación incluyente, que asegure la posibilidad de que la comunidad de Tabaco pueda efectivamente ejercer su derecho de participación.
También se ordena a la comunidad de Tabaco tomar las medidas adecuadas y necesarias para colaborar armónicamente con el proceso de reactivación del acuerdo y de los pactos previamente suscritos.
En ese sentido, dispone a la Red Tabaco que verifiquen de manera concreta y detallada los créditos otorgados a los habitantes y establecer si el cobro de esos gastos generan una vulneración de sus derechos al mínimo vital o dignidad humana, caso en el cual será pertinente tomar las medidas adecuadas y necesarias para que por ningún motivo se ponga en riesgo el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas de la comunidad.
Además, se remitió copia del expediente a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para que en el ejercicio de sus funciones legales y constitucionales, conformen un comité de verificación del cumplimiento de los acuerdos pactados entre Carbones de Cerrejón, la comunidad de Tabaco y el municipio de Hatonuevo.
Para los magistrados es claro que la comunidad de Tabaco fue desplazada por el desarrollo que tiene impacto en la población semejante al que causa el desplazamiento forzado, y por lo tanto no puede tratarse como un problema de indemnizaciones por las expropiaciones realizadas.
En el fallo también se reconoce que la empresa Cerrejón ha realizado y sigue llevando actuaciones en pro del restablecimiento de los derechos de la comunidad de Tabaco, que fue desplazada de su tierra, con acciones orientadas a compensar y mitigar de alguna forma los impactos que produjo la expansión minera de la empresa, sin embargo advierten que al recurrir a la acción de tutela la protección de los derechos fundamentales de los habitantes de la citada población seguía siendo precaria.
De igual forma, señala que la entidad encargada de dirigir la consulta previa debe establecer si efectivamente hay presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto y convocarlas a todas.
El fallo lleva las firmas de los magistrados Aquiles Arrieta Gómez, Iván Escrucería, Alberto Rojas Ríos y Rocío Loaiza Millán.
