En los territorios wayuú, se han venido desplegando una serie de manifestaciones por parte de las diferentes comunidades que precisamente se deben a las presuntas vulneraciones de los derechos fundamentales a la vida, al territorio, al medio ambiente y el consentimiento previo, libre e informado como derecho fundamental de los pueblos indígenas.
Una de estas manifestaciones legítimas y en derecho es el paro que sostienen cinco comunidades wayuú, dueñas ancestrales donde funciona el botadero de basura a cielo abierto del Distrito de Riohacha, cuyas comunidades vienen siendo afectadas ambientalmente por la contaminación que genera este depósito.
Cabe recordar que desde hacen nueve meses, se inició una mesa de diálogo con estas comunidades en donde participaron la Alcaldía Distrital de Riohacha, la empresa Interaseo, Personería Distrital, el Ministerio del Interior y Corpoguajira, cuyo diálogo tenía como objetivo buscar la mitigación de la contaminación ambiental y por supuesto la compensación por los daños causados.
“Cuya compensación fue tasada por cinco mil millones de pesos, los cuales serían entregados a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo se estableció que la empresa Interaseo a través de la Alcaldía entregaría mil setenta millones de pesos para proyectos de libre inversión en cada una de las comunidades las cuales se ejecutarían de acuerdo a la autonomía y libre determinación de estas comunidades, pero ninguno de estos compromisos se cumplieron, lo que conllevó a las comunidades cerrar nuevamente el basurero esta vez de manera indefinida hasta que la empresa y la Alcaldía cumplan con los compromisos de mitigación y compensación acordados”, sostuvo una fuente que pidió reserva de su identidad por seguridad.
De igual manera, reveló la fuente que “es pertinente indicar que la Administración Distrital de Riohacha, a través de declaraciones públicas y en los medios de comunicación adujeron que los nativos no estaban siendo claros en los requerimientos ya que son inestables en las exigencias y compromisos”.
Sin embargo, Yelika Galván, abogada y miembro de una de las comunidades rechazó enfáticamente estas aseveraciones infundadas, ya que quienes han venido dilatando el proceso con mesas de diálogo es la administración Distrital en donde plantean que los recursos acordados serían entregados por contratación directa a una empresa filial de la Alcaldía.
“Situación que no van a permitir las comunidades por los graves antecedentes de corrupción que rondan estas contrataciones adjudicadas a dedo. Las comunidades establecen que ellos tienen la capacidad de ejecutar los recursos acordados, que entre otras cosas solo se ve en los documentos suscritos y cuando se exige la certificación de la existencia del recurso este no aparece por ningún lado”, sostuvo la fuente.
Por ello estas comunidades decretaron el cierre definitivo de este basurero de Riohacha.
“Hasta tanto no se materialicen los acuerdos de mitigación y compensación en donde establecen que el cierre obedece a una decisión autónoma de estas comunidades sujetas de especial protección constitucional la cual ya cuenta con una orden de cierre y clausura ordenado por Corpoguajira por la grave afectación ambiental que genera este basurero y el mal manejo de los residuos sólidos”, sostuvo la fuente.
