Ante el Consejo Superior de la Judicatura fue presentada una denuncia en contra de la fiscal Claudia Patricia Vanegas Peña y el entonces fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Fabio Espita, por presuntas irregularidades en la conducción de la investigación en contra del exgobernador de La Guajira, Wilmer González Brito.
La denuncia fue interpuesta por Rainer José Flórez Anaya, un policía adscrito a la Dijín que en enero del 2007 viajó al Departamento con la misión de investigar otros hechos de presunta corrupción en las alcaldías de El Molino y La Jagua del Pilar.
El uniformado, que solicitó su retiro de la Policía, aseguró que estando en esa comisión recibió junto a su jefe, el intendente Pedro Antonio Tamayo, ubicar y entrevistar personas que hubieran recibido dádivas a cambio del voto por el entonces candidato a la Gobernación de La Guajira, Wilmer González Brito.
De esa orden, que según la queja, fue emitida por el hoy fiscal general Fabio Espitia, aseguró se habrían desencadenado una serie de irregularidades. La primera de ellas es la fecha en la que entrevistaron a posibles testigos y que tenía una vigencia de 15 días, a partir del 11 de enero del 2017. “Desarrollamos entrevistas los días 28 y 31 de enero, 1 y 2 de febrero del mismo año, a sabiendas que para esas fechas ya se encontraba vencida”, afirmó.
Esta circunstancia, aparentemente irregular, dice “obligó a dejar plasmado en el informe la fecha de recibido el día 13 de enero de 2017, ampliando de esta manera irregular la fecha de vencimiento de la respectiva orden”.
Las entrevistas fueron tomadas a José María Daza, Orlando Antonio Guerrero González, Marelbis Elena Oñate, Rafael Enrique Pérez López, José Augusto Chica, Dayana Rosa Velásquez y Mohamad Jaafar Dasuki Hajj y, según el uniformado, bajo presiones y engaños diciéndoles que los tenían interceptados y grabados hablando de dádivas para que votaran a favor de González Brito.
“Se les presionó para que hablaran en contra del gobernador de La Guajira Wilmer González, así mismo se manipularon las diligencias escribiendo frases que no eran manifestadas por los entrevistados, en muchos casos alterando la verdad y la realidad procesal”, agregó.
Orlando Guerrero, uno de los entrevistados el 28 de enero del 2017 para aclarar los supuestos hechos de corrupción en la Alcaldía de El Molino, y que también sirvió como testigo contra Wilmer González ese mismo día, dijo que “sería imposible en línea de tiempo tomar las dos entrevistas simultáneamente, es decir, al mismo tiempo”.
Los señalamientos más graves que hizo ante la Judicatura uno de los dos policías que recorrió el Departamento recolectando evidencias para soportar casos judiciales, recaen sobre su compañero, de quien dijo, sostenía conversaciones a través de WhatsApp con Norberto ‘Tico’ Gómez, que entonces se disputaba la Gobernación del Departamento con Wilmer González Brito.
“En una reunión sostenida con el señor subintendente y mi persona en varias oportunidades, aseveró que en atención al éxito del caso del gobernador se generaría un sin número de beneficios económicos”, expresó Rainer José Flórez en la denuncia. En esta reunión, según su dicho, que se habría dado en un centro comercial en Riohacha, ‘Tico’ Gómez incluso habría sugerido entrevistar a Mario Alberto Joiro, otro potencial testigo, que según la denuncia, ya había entregado su versión al CTI de la compra de votos de Wilmer González Brito.
“El señor ‘Tico’ Gómez nos sugirió que le volviéramos a hacer una nueva entrevista para poner de presente anomalías que él consideraba importantes para el impulso del proceso del señor Wilmer, puesto que habían comentarios que el señor Joiro Sierra, se iba a retractar de la entrevista dada al CTI”, refirió.
Cabe mencionar que el 11 de enero del 2017, esto le dijo a la Fiscalía Mario Alberto Joiro, que reconoció trabajar para la campaña de ‘Tico’ Gómez.
“El punto de apoyo de Wilmer González lo tenía la señora Clara Larrada, cuando la gente llegaba a votar, pasaba por el punto de apoyo y cuando salían de votar volvían a llegar al punto de apoyo, allá se les entregaba un refrigerio y un mercado”, dijo en ese momento Mario Alberto Joiro.
En esa misma declaración, aseguró que “a las personas a las que no les habían llegado anteriormente para que les diera el voto, ellos los agarraban, les daban la suma de treinta mil pesos, yo no vi la entrega del dinero pero las personas me dijeron, me dijo Alfonso Castillo, que es un amigo”.
A los magistrados, Reiner José Flórez Anaya les dijo que su compañero, también investigador de la Policía, “realizó unas preguntas asertivas y conductivas sobre el recibimiento de dineros y/o dádivas respecto de ejercer el derecho al voto en favor de los alcaldes investigados, en las mismas entrevistas se aprovechaba la oportunidad dada por los entrevistados para mediante preguntas conductivas y actitud amedrentadora, se preguntaba sobre si esas personas habían recibido beneficios o dádivas por parte de algunas personas para votar a favor del señor gobernador Wilmer González”, puntualizó en los documentos en poder de Diario del Norte.
El depositario de los secretos de lo que habría sido un complot en contra del hoy prófugo de la justicia, Wilmer González Brito, le pidió a la Judicatura, que reconozca como víctima al exmandatario departamental, condenado en primera instancia a 10 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia, por corrupción en su elección en noviembre de 2016.
Al momento de imputarle cargos y solicitar que fuera enviado a la cárcel, la Fiscalía acusó al entonces gobernador de comprar a los electores con mercados, cementos, material para fabricar artesanías y hasta animales, todo con el propósito de sumar votos a su campaña. Incluso, los investigadores encontraron que se omitió la cifra de $2.000 millones en el informe de ingresos y gastos de campaña.