Para la Corte Suprema de Justicia, José María Ballesteros es responsable de las irregularidades que señaló la Fiscalía General de la Nación en el contrato suscrito en el 2014 por más de 17.500 millones de pesos para la investigación del dengue en La Guajira.
Se trataba de un convenio de cooperación especial 019, firmado entre la gobernación y la Organización Latinoamericana para el Fortalecimiento de la Investigación en Salud, Olfia a través de su representante legal Fredi Alexander Díaz Quijano y que según el ente acusador fue entregado de manera directa.
«Fue tramitado y suscrito sin la observancia de los requisitos esenciales, desconociendo los principios de planeación, selección objetiva, economía, responsabilidad y transparencia, permitiendo con ello, la apropiación de recursos públicos a favor de terceros; además, de haber solicitado la entrega de dinero a cambio de la firma del convenio y autorizar el primer desembolso», dijo el delegado de la Fiscalía en octubre de 2017
Esta teoría fue la que acogió el alto tribunal que en los próximos días dará a conocer el monto de la sentencia condenatoria en contra de Ballesteros que estuvo por encargo en la Gobernación de La Guajira entre 2014 a 2015, luego de la captura de Francisco ‘Kiko’ Gómez, condenado por homicidio.
En su momento, a Ballesteros la Fiscalía también lo señaló de haber desviado cerca de 500 millones de pesos del mismo contrato y de junto a su padre, el exsenador Jorge Ballesteros exigirle a los contratistas 200 millones de pesos en medio del desarrollo del contrato.
Ballesteros, que es el tercer exgobernador condenado por la Corte Suprema de Justicia, fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y concusión.
