Lo ocurrido recientemente en Fonseca es un precedente que demuestra lo mal que andamos en seguridad jurídica e institucional, en Estado de Derecho. No hay seguridad, ni estabilidad, credibilidad, confianza; prima la incertidumbre, el temor y el desconcierto, que aturde en medio de oscuridad y trampas. La inseguridad es un factor negativo, originado por diferentes causas: ignorancias, mala fe y corrupción.
Vivimos en el limbo por carencia de valores, sin educación adecuada, ni orientaciones que nos permita observar las cosas en distintas percepciones, que sirvan para formar sociedades consecuentes con nuestros deberes, respetando disposiciones constitucionales y legales, diferencias y dignidad personal.
La inseguridad desmotiva, generando frustraciones y alteraciones emocionales, desencajando estados anímicos como consecuencias de circunstancias nefastas, que resultan de ciertos hechos cuestionables, que constantemente se repiten, avalados por autoridades competentes, atadas a la corrupción. Si no tenemos garantías de seguridad pública, ni jurídica, ¿a dónde vamos? ¿quedaremos supeditados al azar y destinados al fracaso, desamparados y desprotegidos? o ¿terminamos a la deriva?
A diario se registran hechos criminales, judiciales, administrativos y particulares, que causan graves daños y perjuicios, por desprotección, corrupción y estafas. La falta de confianza y credibilidad en servidores públicos por ausencia de ética y moralidad, en ejercicio de funciones públicas, la deshonestidad y la desinformación son motivos que nos tienen al traste, del “timbo al tambo” dando bandazos, por la serie de incoherencias en lineamientos legales, dejándonos en entredicho la responsabilidad de autorías frente a perjuicios reparables.
Colombia es una nación atiborrada de leyes y decretos que generan más confusión que solución. No se necesitan cantidades de normas legales, sino precisiones en la misma, de manera clara y elemental, de interpretación inequívoca.
A los congresistas les encanta modificar y aprobar leyes de manera caprichosa por conveniencias, para satisfacer intereses particulares, a cambio, de remuneraciones económicas, sin importarles los efectos negativos que causen durante la vigencia de aplicabilidad.
Hemos llegado al extremo de tener cada año una reforma tributaria, costumbre desastrosa en que se han habituado los gobernantes para favorecer y beneficiar a grandes contribuyentes, con deducciones y exenciones de impuestos, tasas y contribuciones especiales, en perjuicio y detrimento del presupuesto nacional.
De igual forma, modifican y reglamentan Códigos. La tutela, norma constitucional, está siendo utilizada, no solo para amparar derechos fundamentales, sino para que algunos jueces la adopten como medios lucrativos, generando toda clase de inseguridad y desacredito judicial.
Nuevamente un fallo de tutela impacta y deja sin efecto la realización de elecciones atípicas programadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, para el domingo primero de agosto, que ha decidido suspender en obediencia el fallo de tutela, porque aún no la han notificado para elegir alcalde del municipio de Fonseca, al declarar la nulidad de elección popular del titular Hamilton García Peñaranda, por causa de inhabilidad.
Dos candidatos se jugaban la contienda y hasta llegaron a cierre de campañas con participaciones masivas, perfilando reñida disputa en favor de cualquier candidato ganador.
Por la inseguridad que vivimos, todos han terminado burlados, víctimas de desaciertos, judiciales y administrativos.
