Al iniciarse la última legislatura del Gobierno nacional, y ante la falta de voluntad política del ejecutivo central por negociar el pliego de peticiones que generó, según información oficial, desde el 28 de abril de los corrientes 14.175 actividades en 860 municipios de 32 departamentos y Bogotá, con 7.415 concentraciones, 2.475 marchas, 3.567 bloqueos, 678 movilizaciones, 40 asambleas, sin mencionar lesionados y muertos, el Comité Nacional del Paro tomó la decisión remedial de presentar diez proyectos de leyes ante la corporación nacional de Senado y Cámara de Representantes.
Advirtiendo que no son todos los están ni están todos lo que son, los proyectos radicados se enumeran de la siguiente manera: La renta básica por un salario mínimo que cubriría a diez millones de colombianos por un periodo de siete meses. Matrícula cero pesos para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas con recursos del presupuesto nacional. Cubrir el salario de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas del país. Derogar el decreto 1174 que, indican, “es una reforma pensional y laboral por la puerta de atrás”.
Acoger las recomendaciones de la Cidh que se debe reglamentar la protesta social en Colombia, con base en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en los puntos pertinentes del Acuerdo de Paz y en marco los estándares internacionales”.
Construcción de una política integral de juventud. Reforma institucional a la Policía Nacional con énfasis a la adopción de los derechos humanos. Intervención al sector de la salud para enfrentar la pandemia del Covid-19. Apoyo a la producción nacional agrícola y acciones contra la violencia de género.
Independiente que estén todos los proyectos de leyes prioritarios por los que se protesta y que se precise mucho más el contenido y la pertinencia de la competencia para resolver las demanda que se plantean; lo importante, necesario y concreto es medir el nivel de compromiso del Congreso con las peticiones más sentidas de la ciudadanía que se movilizó en los meses de mayo y junio.
Ante la radicación de los proyectos de ley, se pone a prueba si la rama legislativa del poder público tiene la disposición y decisión para tramitar esas iniciativas con la mayor celeridad que la situación amerita, así como su relación con el Presupuesto General de la Nación para 2022 que debe ser aprobado en octubre y su armonización con el nuevo proyecto de reforma tributaria eufémicamente llamada “ley de inversión social”.
Es la oportunidad para confirmar, si esta vez, los senadores y representantes están pensando en las elecciones del próximo año o en las próximas generaciones de jóvenes colombianos.
De todas formas, el escenario poco probable que el Congreso apruebe alguno de los diez proyectos presentados por el Comité Nacional del Paro, no exonera al ejecutivo nacional que cumpla su parte de responder con el mínimo vital, la matrícula cero, apoyo a la pequeña y mediana empresa, derogar el decreto 1174, las recomendaciones de la Cidh, reforma a la Policía, los jóvenes, el sector agrario y la violencia de género.
Hay que advertir, como lo recuerda el director de la revista de Razón Pública que: “Lo único que nadie debe ignorar es que el gran descontento llegó para quedarse. Ya para este 20 de julio nos anuncian que otra vez lo veremos asomarse”. Nosotros agregamos, en consecuencia, la continuidad del malestar en la mayoría de las poblaciones vulnerables generará más protesta social, sino se responde por la deuda histórica de sus reivindicaciones.
Con la respuesta al pliego de peticiones, los diez proyectos de ley y a las demandas de los jóvenes, entre otros, están notificados para el 2022 los congresistas actuales y quienes pretendan curules en el Senado y Cámara así como las aspirantes a la Presidencia de la República.
Lo que se viene para el primer semestre del año entrante es una ciudadanía más madura políticamente, más cualificada electoralmente, con un voto más independiente que le pasarán cuenta de cobro a los parlamentarios actuales.
Con la participación de amplios sectores reclamando sus derechos a través de movilizaciones como constituyentes primarios, hay una luz de esperanza para tener en los próximos cuatro años el Congreso y la Presidencia que se merece el pueblo colombiano.
