Con mucho hermetismo se ha manejado la información sobre un nuevo proceso judicial contra el Bienestar Familiar seccional de La Guajira por desfalco de dineros que presuntamente debían ser destinados a la atención de la niñez en La Guajira.
Diario del Norte tuvo acceso a la información precisa del procedimiento, donde se reveló que la Fiscalía General de la Nación seccional de La Guajira emitió varias órdenes de captura contra personas presuntamente vinculadas a delitos administrativos.
Según la fuente, son hechos relacionados con la ejecución de contratos de aportes 393 de 2014 y 099 de 2015 celebrados por el Icbf Regional de La Guajira con la Unión Temporal Watepichin y Yosusi.
“Se presentaron irregularidades en su ejecución y posible desvío de recursos ocasionando detrimento estatal”, afirmó la fuente que pidió reserva de su integridad por temas relacionados a su seguridad.
En efecto la investigación del ente acusador en La Guajira produjo la orden de captura de tres personas presuntamente vinculadas a las situaciones irregulares que se mencionan.
Fueron identificadas como Ariel Fernando Castellar Usta, de 32 años, natural de Arjona, Bolívar; Eder Eduardo Espitia Estrada, de 53 años y natural de San Andrés de Sotavento, Bolívar; y Jorge Luis Martínez Hernández, de 50 años y natural de Palmitos, Sucre.
Este medio pudo conocer que los tres sujetos con órdenes de captura se presentaron de manera voluntaria en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Riohacha para responder por los delitos de peculado por apropiación y uso de documentos falsos.
Ayer mismo se esperaba el proceso de judicialización en el Palacio de Justicia de Riohacha, pero pocos detalles entregaron fuentes oficiales de la Fiscaliza General de la Nación sobre la investigación que dejó como resultado tres personas capturadas.
