Por Raúl Dangond Contreras
A propósito, de las múltiples problemáticas y necesidades sociales del país, se sumó la ambición de los proyectos de reforma tributaria y salud en los últimos 2 meses, los cuales fueron el estallido social, agobiado por décadas de impotencia y desigualdad, por las infinitas prácticas individual y colectivas de corrupción, la ineptitud de políticas públicas, la insensatez, el despropósito laboral que sangría la protección de los derechos fundamentales y la trasgresión letal de los DerechosHumanos en un ‘Estado social de Derecho’, si acaso se pueda hablar de social y democrático.
Así las cosas, fue inevitable, la espuma abrumadora de la protesta Legal y la manifestación con violencia y vandalismo, que han llevado al pueblo a implorar garantías a los Derechos instituidos en la constitución política, rechazando la variedad de gravámenes a la canasta familiar y el recaudo agresivo para la clase media, la más desfavorecida.
Menester recordar la frase de Martin Luther King expresada hace más de 50 años, “(…) los disturbios son el lenguaje de los que no han sido escuchados”. Cierto, esta reflexión. Sin embargo analicemos, qué país se construye o se sigue deteriorando entre la corrupción, la burocracia y la inseguridad jurídica simulada por el Estado y la administración de justicia. Son algunas de las sintomatologías que se interpreta a lo largo de estos 45 días de protestas, sin tinte político, raza, cultura – jóvenes, indígenas, universitarios desempleados, por mencionar, los cuales es el clamor de aquellos que no han sido escuchados.
Ahora bien, estas vías de hecho de violencia social son procedentes para continuar judicializando aquellos que promueven vandalismos en medio del estallido social simulando protesta Legal.
De igual manera, a la fecha entre el comité del paro y el gobierno nacional NO han podido ni siquiera formalizar un acuerdo sensato que involucre las necesidades de esta sociedad civil trasgredida por los grandes sectores económicos del país. Durante estos 45 días el país se ha visto afectado por desmanes, vandalismos, daño al patrimonio público, desabastecimiento de alimentos, incremento de precios a productos básicos, la constante postura de bloquear las principales troncales del país como si fuera la salida pacífica a la problemática y sumado, cientos de personas desaparecidas y muertas originadas por conductas reprochables.
Insisto, en estos momentos nadie tiene el talante de la certeza para aseverar entre la supremacía del derecho a la vida y la reactivación económica. Y mientras tanto el virus continúa su objetivo mortal, ubicando al país en las primeras casillas de contagios e incremento letal, y el gobierno elogiándose que el plan de vacunación avanza positivamente.
En el mundo entero, ningún gobierno goza de inmunidad total para mitigar la problemática de la pandemia, lo cierto es que continúan desgracias mortales con ocasión a estas variables latentes entre el derecho a la vida y el derecho al trabajo-economía.
En efecto, lo visto en el paro nacional no tiene precedentes. Esta imagen me recuerda el descontento de un pueblo, tal vez, como el holocausto del pensador Jorge Eliécer Gaitán, quien en tiempo, modo y lugar expresó “(…) No soy un hombre, soy un pueblo”.
De tal modo, el paro nacional se ha caracterizado por una gran diversidad social y catástrofe de incertidumbres ante una sociedad marginada e inconforme, buscando posicionar una transición democrática, originada por el desgobierno de turno, en que percibimos la mayoría de los ciudadanos un vacío en el poder, sumado por la falta de liderazgo y autoridad política para afrontar el conflicto social y jurídico – ineptitud individual o colectiva del poder ejecutivo.
En ese sentido, abro la puerta para analizar la visita por el CIDH al país, relacionada con el inminente estallido social. Tal vez, se proferirán decisiones ajustadas o sanciones por parte del CIDH – “órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano”.
Corolario de lo expuesto en este acápite, considero que este es un país donde desaparecen el requisito de la prueba PCR, donde la reapertura a la economía se improvisa sin vacunación total, es el país de las marchas, de la insensibilidad gubernamental, donde existen tantos procedimientos y reglamentación que ostenta la inoperancia administrativa y judicial… las estadísticas no mienten, sálvese quien quiera.
