Dentro de las características que surgieron en la Constitución de 1991, Colombia se define como un Estado Social de Derecho, el cual se fundamenta en principios y valores humanos orientados a proteger y satisfacer el interés general de sus habitantes.
Pero con el pasar del tiempo, los dirigentes de la República, sin medida alguna, han desechado ciertos principios y valores constitucionales que son de vital importancia para la sociedad y los han reducido a “escritos románticos” que restan valor a la Ley de Leyes.
Hoy en día, hablar de Estado Social en Colombia, resulta ser una utopía, cuando la gran mayoría de habitantes se encuentran sometidos colectivamente a desequilibrios sociales, debido al desconocimiento de derechos fundamentales como lo son: la salud, que ha cobrado tantas vidas como la guerra; la educación, que más que un derecho es un privilegio de pocos; el trabajo, del que existe incapacidad para generarlo por parte del aparato productivo; y muchos otros más de difícil acceso, que sumados a la pésima distribución de ingresos, han llevado al país a posicionarse entre los 5 más desiguales del mundo, o por lo menos es el resultado que arroja el “Taking on inequality” del Banco Mundial.
Pero para entender la distribución de ingresos, hay que tener en cuenta las últimas cifras del Banco Mundial, que datan que de los 45 millones de colombianos, el 20% de estos, obtiene el 56% de todo el ingreso nacional, mientras que al otro porcentaje de habitantes les corresponde la parte restante de los ingreso.
Mirando hacia otro lado, vemos que el Estado colombiano, contraría los preceptos referidos en la Constitución Nacional, cuando concentra un poder casi que absoluto en un gobierno central que solo se preocupa por favorecer las necesidades de una minoría denominada “élites” (que son el 20%), mientras que los sectores llamados: clase media y clase baja (que son el 80%) están excluidos de procesos políticos reales, de toma de decisiones públicas que son de impacto en la vida cotidiana.
Así mismo, existe una democracia fragmentada y aislada del pueblo al que supuestamente representa, donde los espacios de libre participación son reprimidos diariamente, apagando las voces que se alzan en defensa social de los derechos humanos.
Una realidad frustrante para un pueblo que demanda la protección y garantía de derechos fundamentales, pero que son obstruidos por un Gobierno inoperante para resolver necesidades básicas como el derecho al mínimo vital o el acceso básico a servicios públicos.
Y mídase como quiera que se le mida, lo cierto es que la desigualdad se convierte en estratificación, en un método que determina quién obtiene qué.
En consecuencia, hemos pasado de un Estado Social a Estado desigual, en el cual las políticas sociales no son más que formalismos de legitimación, que se utilizan para llegar o mantener el poder.
¡Se me olvidaba! El nuevo Plan Nacional de Desarrollo seguirá reproduciendo las desigualdades sociales, ya que el tema de los impuestos no cambiará la concentración de ingresos del país.
