La reforma de las funciones administrativas de la rama judicial, a partir de un proyecto que presentó el Consejo Superior de la Judicatura acumulado con el presentado por la Procuraduría y el que presentó el gobierno a través del Ministerio de Justicia, no resuelve los problemas de la gente.
Es una discusión de egos y defensa de privilegios de los magistrados, discutiendo la distribución y ejecución del presupuesto, carrera judicial, transformación digital, modernización de la infraestructura, en fin, no resuelve la congestión y morosidad para que produzcan fallos oportunos.
Pero ha generado polémica un tema específico que suaviza los requisitos para ser elegido magistrado de altas Cortes, fiscal general, defensor del Pueblo, registrador y procurador, que tenga en cuenta la experiencia profesional acumulada en otras áreas tales como ciencias políticas, gobierno, finanzas, economía, administración de empresas y administración pública. Es decir, abogado con experiencia en otros campos.
Algunos dicen que la modificación tiene nombre propio: Felipe Córdoba Larrarte, actual Contralor General de la República, que es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, y actualmente está terminando Derecho en el Politécnico Grancolombiano.
Y yo creo que sí, porque “Si grazna como un pato, camina como un pato y se comporta como un pato, entonces, ¡seguramente es un pato!”.
Conozco antecedentes del señor Córdoba Larrarte, porque concursamos juntos para integrar la terna de aspirantes al cargo de Auditor General de la República, y fue elegido sin cumplir los requisitos.
Me explico.
Según el artículo 14 del Decreto-ley 272 de 2000 “La persona designada deberá ser profesional en ciencias económicas, contables, jurídicas, financieras o de administración”, ratificados por la Corte Constitucional en las sentencias C-1339 de 2000 y C-408 de 2001.
La profesión del señor Córdoba Larrarte es Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, clasificada en el Área del conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas, y en el Núcleo Básico del Conocimiento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia lo incluyó en la terna y el Consejo de Estado lo eligió Auditor General de la República. Sin cumplir requisitos.
Es lo que debe estar buscando ahora el señor Córdoba Larrarte al suavizar los requisitos para ser elegido después como Fiscal general o Procurador, porque no creo que se baje a Defensor del Pueblo o Registrador.
El otro tema que ha rechazado el país es el proyecto que le otorga funciones jurisdiccionales a la Procuraduría, para cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos, y así poder investigar y juzgar a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular.
Pero la solución fue la más fácil y más mediocre: modificar el código disciplinario para hacer algo que no puede hacer.
Un ciudadano común y corriente supone que como la Procuradora fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia y también fue ministra de justicia entonces debe tener el conocimiento suficiente para cumplir el mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Pero no hay que ser magistrado, ni ministro, ni abogado para concluir que la Procuraduría no puede tener funciones jurisdiccionales porque es un órgano de control.
Eso lo demandan.
¿Y por qué no se asigna esa función a los jueces administrativos que ya están creados y así se evita la supuesta impunidad con la prescripción de los casos?
Porque el proyecto incluye la creación de 500 nuevos cargos en la Procuraduría, y esa burocracia excita al Congreso República, sobre todo en época electoral.
No importa la situación fiscal porque la indolencia del Congreso es superior a los intereses del Estado.
Se quejan algunos congresistas por el costo fiscal de 16 curules que la Corte Constitucional falló a favor de las víctimas; pero se muestran excitados por los 500 cargos que se van a crear en la reestructuración de la Procuraduría, sin que les importe el costo fiscal.
Hay que renovar el Congreso eligiendo gente decente que no tenga rabo de paja, ni prontuarios, ni conflictos de interés; para hacer las reformas que sean necesarias, ¡acabando los privilegios de la rama judicial y el Congreso, y hacer una justicia igual para todos!
