La Corte Suprema de Justicia rechazó rotundamente la destrucción del Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zúñiga de Tuluá – Valle del Cauca, al igual que episodios similares como los registrados también en las sedes judiciales de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cundinamarca, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata y Villavicencio.
A través de un comunicado, la Corte aseguró que en momentos tan críticos como los que atraviesa el país, las sedes de la justicia son las casas de protección democrática de los colombianos.
Además, señaló que estos eventos ponen en peligro la integridad de los funcionarios y empleados judiciales, quebrantan la indemnidad de la justicia e impactan los ya escasos recursos con los cuales funciona. “La destrucción de expedientes otorga ventajas a la impunidad y a la agudización de los conflictos, no a su resolución”.
Por ello, exhortó a los integrantes de la mesa de negociación y a quienes ostentan liderazgo político, comunitario, de opinión y a los líderes de las protestas, a buscar una solución al paro nacional.
“Con empatía, grandeza, inclusión y confianza se exhorta a los integrantes de la mesa de negociación y a quienes ostentan liderazgo político, comunitario, de opinión y a los líderes de las protestas para que reconozcan la responsabilidad que, por acción u omisión, les corresponde tanto en el conflicto como en su solución, rechazando enfáticamente los abusos de todo tipo, la destrucción del tejido social y la economía del país, los ataques violentos a la propiedad privada y a los bienes públicos, así como el bloqueo de carreteras, en el propósito de apaciguar la alteración social que empaña el ejercicio de los derechos a la libre expresión y la protesta pacífica, y detener, de una vez por todas, la pérdida de vidas humanas”, apuntó.
