La violencia basada en género causada, es quizás una de las barreras más arraigadas que impide el desarrollo mundial; lamentablemente se ha normalizado y la respuesta a sucesos violentos no trasciende el asombro (momentáneo) generado por el auge de las noticias. Hoy escribo con dolor uterino por los tres asesinatos de mujeres en La Guajira en menos de 72 horas, eso es reprochable y no podemos guardar silencio.
La realidad de la violencia contra las mujeres es caótica y merece una respuesta contundente; pues según el Instituto de Medicina Legal reporta que en Colombia cada 2 horas una mujer es violada y cada 8 minutos una mujer es maltratada, es decir, que mientras escribo estas letras y tú las lees, una mujer está en silencio padeciendo el dolor de la violencia y condenada a la impunidad y en peores casos al peso de la condena social con afirmaciones como “Algo hizo para que la maltrataran o la mataran”.
Lo cierto es que solo una mujer violentada es demasiado, por ello, estudiar las estadísticas nos permite reconocer que estamos frente a una grave problemática, que no afecta exclusivamente a las víctimas directas o los victimarios, sino a todo el sistema social.
El machismo nos está matando y la indiferencia agudiza el problema, pregunto: ¿Qué debe suceder para que el machismo se considere una letal epidemia que nos está matando sistemáticamente?
Cuando hay brote de enfermedades todos hablan de ello, se invierten presupuestos pues hay que evitar su propagación y eso está muy bien, pues se debe preservar la vida, pero mi reflexión va encaminada a que el machismo es igual o peor que esas epidemias, pero la diferencia es que no se está considerando un problema público, social y de salud, sino como parte de la cultura, y normalizar las violencias o los delitos es condenarse como sociedad.
De este modo, el panorama de violencias normalizadas sepulta la garantía de los derechos humanos y a esto se le suma un agravante: la impunidad; pues las víctimas son revictimizadas, lo cual, demuestra que el sistema no está preparado para enfrentar los abruptos impactos del machismo, es decir, pareciera haber protección a los victimarios que siguen cometiendo violencia de manera reiterativa, no reciben castigos, ni reproche social, pues en la mayoría de los casos se hace referencia a que el victimario fue provocado.
Y este panorama de impunidad se devela en el “Informe de rendición de cuentas 2008-2009” de la Fiscalía (2009), en el cual, dicha entidad afirma que es alarmante el estado de impunidad en el que se encuentran los casos de violencia sexual que llegan a las instancias judiciales colombianas; reportando que la impunidad para estos casos es del 98,62%. En la actualidad esa situación no ha cambiado mucho.
De igual manera, en la totalidad de delitos denunciados de todo tipo de violencias se presentan índices de “impunidad del 90,5% y respecto a las condenas el índice de impunidad es del 99,9%. El 85% de las personas que infringen la ley penal son los hombres y el 15% son mujeres”.
Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace referencia al concepto de impunidad, definiéndola como un: “Grave problema social, de ausencia de penalización y denegación de justicia, evidencia la falta de voluntad política para garantizar derechos de ciudadanía. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009).
Es necesario que el tema deje de ser de relleno en las agendas públicas, sea transversal a todos los procesos políticos/administrativos y que la ciudadanía reconozca que su rol activo es fundamental, es decir, se hace pertinente posicionar la contracultura del machismo. Y para ello, es necesario reconocer que la violencia contra la mujer es un asunto público, es decir, un problema político, cultural y social que nos afecta a todos y todas; en este sentido, debe trabajarse desde el enfoque de derechos y desarrollo humano integral.
