El documento Conpes número 3883, por el cual el gobierno nacional en cabeza del expresidente Juan Manuel Santos, adoptó la medida correctiva de asunción temporal de la competencia de la prestación de los servicios de salud, educación, alimentación escolar, y agua potable y saneamiento básico en el departamento de La Guajira, en aplicación del decreto 028 de 2008 y que fue aprobado con fecha del 21 de febrero del año 2017 por un término inicial de tres años, sin perjuicio de solicitar el levantamiento de la medida dentro de la vigencia inicial de la misma cuando las condiciones lo permitan, conforme al seguimiento anual que se realice. Intervención ésta de puro parapeto, que no ha servido de nada, antes por el contrario, ha sido malévola para el departamento. Intervención que dejó un cúmulo de nubarrones. ¿Por qué no derogar el decreto 028 de 2008, por el cual se intervino al departamento? Sería la medida más sana en materia fiscal, para que la península retome su rumbo y se desligue un poco del centralismo que nos ha agobiado y nos tiene en cuidados intensivos. Sé que el gobernador Nemesio Roys con el apoyo de ‘Tina’ Soto y Alfredo Deluque, han logrado ante el presidente Iván Duque, que por fin cese la horrible noche de esta catastrófica intervención del Estado.
Hasta la fecha la intervención que hizo el nefasto de Santos con La Guajira no ha sido la solución. Los problemas que ha venido padeciendo La Guajira que fueron intervenidos en las diferentes áreas anteriormente señaladas por las personas de mayor confianza de los ministros de salud y de educación de la época, han sido un fiasco y se ha convertido más en un paseo turístico de dichos funcionarios entre Bogotá y Riohacha. Los problemas al contrario se han acrecentado especialmente en los temas de salud y educación.
Lo más grave es que el costo estimado de esta medida fue de $28.647 millones de pesos en los tres años, con cargo al Sistema General de Participación (SGP) de nuestro departamento. Cójale un tronco en la uña a esta medida centralista. Tal como está consignado en el documento al cual hice referencia al inicio de esta columna por concepto de salud en el año 2017 se pagaron por gastos de personal y administración temporal $ 801 millones de pesos, en el año 2018 por el mismo concepto $1.000 millones de pesos, en el año 2019 $1.030 millones de pesos y en el año 2020 $177 millones para un total de $3.008 millones de pesos. En el concepto de alojamiento de estos funcionarios La Guajira pagará en el año 2017 $401 millones de pesos, en el 2018 $500 millones de pesos, en el año 2019 $515 millones de pesos y en año 2020 $88 millones de pesos, para un total para este concepto de alojamiento de $1.504 millones de pesos. En gastos de viaje y desplazamiento para el año 2017 $226 millones de pesos, para el año 2018 $282 millones de pesos, para el año 2019 $291 millones de pesos y para el año 2020 $50 millones de pesos, para un total de $849 millones de pesos por este concepto y una póliza que cubre del año 2017 al 2020 unos gastos de $501 millones de pesos. Costándole la intervención en salud al departamento $5.862 millones de pesos. Qué barbaridad.
Para educación por gastos de personal (administración temporal) en el año 2017 $2.331 millones de pesos, en el año 2018 $2.718 millones de pesos, en el año 2019 $3.026 millones de pesos y en el año 2020 $524 millones de pesos, para un total por este concepto de $8.599 millones de pesos. Por gastos de viaje y desplazamiento para el año 2017 $60 millones de pesos, para el 2018 $75 millones de pesos, para el año 2019 $78 millones de pesos y para el año 2020 $13 millones de pesos, para un total de $226 millones de pesos. Por comisión de administración fiduciaria para el año 2017 $528 millones de pesos, para el año 2018 $803 millones de pesos, para el año 2019 $835 millones de pesos y para el año 2020 $145 millones de pesos, para un total por este concepto de $2.311 millones de pesos y hay más por educación como es la interventoría de fiducia que le costó al departamento $480 millones de pesos en los tres años de su intervención para un total por educación de $11.616 millones de pesos. Que fiasco y seguimos de último en las pruebas Saber. ¿Dónde ha mejorado la calidad de la educación? Ahora en abril hacen entrega de la educación. Que martirio.
Finalmente para agua potable y saneamiento básico por recurso humano que incluye tiquetes y viáticos el costo del año 2017 al 2020 le costó la bobadita al departamento de $6.526 millones de pesos, en gastos administrativos como son papelería, arriendos, vehículos y pólizas en el mismo periodo $1.268 millones de pesos, en gastos de funcionamientos $225 millones de pesos y en gastos de fiduciaria $88 millones de pesos, para un total por la asunción de competencia en agua potable y saneamiento básico de $8.108 millones de pesos. Como decía Diomedes, se las dejo ahí.
