Dada la prioridad exigida por Gobierno Nacional, y el tratamiento mismo de protección a líderes sociales, la Fiscalía General de la Nación seccional Guajira viene trabajando de manera precisa y con celeridad en los casos donde estén involucradas e identificadas aquellas personas con este trato.
Desde el año 2016 a la presente vigencia el ente investigativo con plena identificación de casos de homicidio a líderes sociales ha dado resultados positivos con un porcentaje de esclarecimiento de un 66% en la región.
Juan Mauricio Berrío Salamanca, director seccional, señala que estos procesos siempre son atendidos como casos priorizados. “A cada caso donde esté plenamente identificado un líder social se le da celeridad a los actos investigativos, para ello se utilizan todos los medios cognoscitivos legales necesarios con el fin de establecer la verdad de los hechos”, dijo.
Además señaló que buscan determinar autores y participes, “hemos conformado un grupo interdisciplinario con un fiscal destacado y dos funcionarios de la Sijín para la investigación de los homicidios de líderes, los cuales mediante constantes mesas de trabajo se mantiene el impulso procesal para su esclarecimiento. En la actualidad hay seis casos de investigación por homicidio y tentativa de homicidio, que obviamente no podemos mencionar para no entorpecer las indagaciones”, afirmó.
Además agregó que deben ser priorizados porque son personas que defienden los derechos humanos. “Sobre este asunto hemos determinado partir de labores investigativas precisas con base al hecho de que el delito cometido, ya sea un homicidio o una tentativa se ejecutó en razón o con ocasión de la condición de la víctima de líder defensor de derechos humanos, la labor de promoción y defensa de los derechos humanos es un ejercicio legítimo y constituye un aporte fundamental para el fortalecimiento democrático”, comentó el director.
Por esto, las investigaciones que se adelantan por los atentados cometidos contra los líderes defensores de los derechos humanos serán priorizados en la Fiscalía General de la Nación.
Por su parte, Leonor Vélez Vega, Fiscal 5ta de la unidad de vida, destacada para las investigaciones de delitos cometidos contra líderes sociales e indígenas de esta región, enfatizó en la importancia y responsabilidad de establecer su identificación e investidura.
Para ello mediante un proceso investigativo se debe determinar cuáles son las actividades que realiza en defensa de los derechos humanos, por lo cual serán reivindicados como tal por sus procesos organizativos y la comunidad en general.
“Desde la dirección seccional se ha expresado la necesidad de ser cuidadoso en toda información relacionada con la víctima misma, para nosotros es sumamente importante el aporte y colaboración de los líderes afectados, así como lo identificado en su entorno laboral, familiar y social para la resolución del caso, resaltamos la necesidad de la inmediatez en dar a conocer toda información a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos investigados donde estén inmersos estos líderes”, afirmó la funcionaria.
De igual manera la entidad tiene lineamientos precisos en temas de prevención, cuando existen amenazas directas con los líderes indígenas y sociales, para esto se ha dispuesto desde la unidad Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones un tratamiento especial consistente en medidas de protección necesarias para salvaguardar integridad física, psicológica y cualquier otro tipo de afectación cuando existe una amenaza tentativa que conlleve a este tipo de delito, este trabajo se realiza con una comunicación precisa entre el líder, la dependencia en mención y los fiscales destacados para amenazas.
Para su tratamiento y real identificación, la Fiscalía General de la Nación en su seccional La Guajira obtiene información de las diferentes entidades o corporaciones, donde se encuentran registrados estas víctimas como líderes sociales o líderes indígenas, tales es el caso de la Oficina de Asuntos Indígenas, del Ministerio del Interior, de la ONU.
La colaboración que se obtiene de estas entidades, es la acreditación de su condición de líder indígena, defensor de derechos humanos, no obstante es de resaltar que frente a posibles falsas denuncias de personas con el fin de obtener beneficios de protección no justificadas también se estarán iniciando procesos investigativos. Finalmente Berrío Salamanca señaló que este trabajo este efectuado bajo los tratamientos consignados en el directiva 02 de la Fiscalía General de la Nación del 30 de noviembre del 2017.
“Por medio de la cual se establecen lineamientos generales sobre la investigación de delitos cometidos en contra de defensores de derechos humanos en Colombia”, afirmó.
Además indicó el funcionario que sobre la directriz inicial que señala que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en los planos nacional e internacional como ha sido reconocido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos y desde nuestra competencia como ente investigador estaremos trabajando al ritmo exigido para la protección de este grupo de personas”, concluyó el director.
