La Jurisdicción Especial para la Paz presentó el jueves su estrategia de priorización de las investigaciones del Caso número tres investigado por ese tribunal; el de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’. En el marco de este proceso, la JEP reveló que la cifra de víctimas de este crimen fue ascendió a 6.402 entre los años 2002 y 2008.
Aunque el grueso de los casos se concentra en regiones como Antioquia o los Santanderes, territorios de la costa Caribe como La Guajira también fueron golpeados por ese flagelo durante la primera década del siglo. La JEP tiene registro de 90 personas que habrían sido ejecutadas por el Ejército Nacional en el sur del departamento, y luego estas fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate. En conjunto representan el 4% de los casos de todo el territorio colombiano.
La JEP señala a las tropas del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa» como responsable de los falsos positivos de La Guajira. Los uniformados adscritos a esa unidad habrían engañado a personas del sur del departamento, y del norte del Cesar, para asesinarlas y luego presentarlas en público como parte de sus resultados operacionales entre enero de 2002 y julio de 2005.
En La Guajira, familiares de víctimas ya han participado del proceso que la JEP adelanta para este caso, haciendo observaciones a las versiones entregadas por uniformados vinculados a las investigaciones. Fue así como el 14 de noviembre de 2019, en San Juan del Cesar, las autoridades del pueblo indígena wiwa y los familiares de tres víctimas pertenecientes a este pueblo, presentaron sus observaciones a las versiones rendidas hasta el momento por tres miembros del Batallón la Popa.
Cabe recordar que la JEP investiga los casos de falsos positivos cometidos por agentes del Estado desde el año 2018. Desde entonces ha logrado acreditar a 397 personas como víctimas. Aunque al momento de iniciar la investigación había registros de 2.248 casos, pero luego de un trabajo de depuración de bases de datos, el tribunal especial identificó 4.439 víctimas más.
Durante el desarrollo del proceso, varios oficiales que para la época ejercían diversos tipos de mando al interior del Ejército Nacional han rendido versión para esclarecer los hechos alrededor de las cientos de muertes ocasionadas por las tropas bajo sus órdenes. Dentro de estas diligencias varios generales han rendido versión: el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército; el general en retiro Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; el general Miguel David Bastidas, exsegundo comandante del Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Eduardo Sánchez» (Bajes) y el general (r) Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16.
La Sala de Reconocimiento de la JEP también ordenó las versiones de otros cuatro generales: Mauricio Zabala Cardona y Adolfo Hernández Martínez, actualmente activos y del general en retiro Carlos Saavedra, excomandante de la Segunda División del Ejército y del general en retiro Guillermo Quiñónez Quiroz, excomandante de la IV División del Ejército.
Además de los generales que ya están compareciendo ante la JEP, han rendido versión 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes), 10 oficiales con rango de Mayor y 7 de rango de Coronel.
