Con respecto a esta situación, el alcalde José Carlos Molina Becerra, decidió llamar a Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo de Desastres, para la realización del diagnóstico y evaluación de la situación de riesgo que presenta la localidad fronteriza.
Es de mencionar que la decisión de aprobar la declaratoria de calamidad pública se deriva de múltiples factores, entre los que resalta el desabastecimiento de agua, especialmente en la zona rural e indígena, al igual que la inseguridad alimentaria motivada por la falta de lluvia y la imposibilidad de cultivar en los sectores productivos del municipio.
Sumado a esto, el incremento aproximado de 50 mil personas provenientes de Venezuela, quienes demandan los mismos servicios que los habitantes propios del ente territorial.
El propósito es solicitar los apoyos pertinentes de los gobiernos departamental y nacional. “Esta situación nos obliga a buscar alternativas de solución y garantías de derechos fundamentales para propios y visitantes, promoviendo acciones de convivencia y sentido de pertenencia con este territorio que nos ha brindado la acogida a todos a los que aquí hoy edificamos nuestros proyectos de vida y construimos el futuro de las generaciones nacientes”, señaló Molina Becerra.
Ante este planteamiento por parte del alcalde, todos los miembros del Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo de Desastres, encabezado por Wilder Pinto, director municipal, dieron un concepto favorable al ente.
