El Gobierno nacional y el Fondo Multidonante de Naciones Unidas firmaron un convenio de cooperación por más de $11 mil millones para desarrollar una estrategia de prevención y protección que garantice la seguridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en tres departamentos de Colombia.
La suscripción del convenio, que beneficiará a mil personas directamente y a más de 10 mil de forma indirecta, fue confirmado por Jessica Faieta, coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia.
“Hoy anunciamos la aprobación de un proyecto en apoyo a la estrategia del Gobierno nacional para reducir el nivel de violencia que enfrentan los líderes y lideresas de Derechos Humanos, y las y los reincorporados”, señaló la representante del organismo multilateral.
Cien organizaciones de base, tres defensorías regionales, tres procuradurías provinciales, tres personerías municipales, tres seccionales de la Fiscalía, tres alcaldías y tres gobernaciones hacen parte de los beneficiarios del proyecto de transformación territorial, para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación.
El proyecto cuenta con una estrategia de seguridad para mujeres reincorporadas, proyectos de reactivación económica que tiendan a la sostenibilidad individual, asociativa y colectiva y que eviten el control del crimen organizado.
El consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, agradeció el apoyo de la comunidad internacional a los esfuerzos de prevención y protección colectiva del Gobierno para líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, mujeres reincorporadas y familias en sustitución de cultivos ilícitos en tres regiones del país.
“Es una muestra del compromiso de la comunidad internacional con la política de Paz con Legalidad del presidente Iván Duque”, manifestó el funcionario.
Archila agregó que “el proyecto de prevención en seguridad y protección colectiva se ejecutará inicialmente durante un período de dos años en 30 municipios de Chocó, Catatumbo y el Pacífico Nariñense”.
Los municipios donde se ejecutará el proyecto son: Riosucio, Quibdó, San José del Palmar, Bagadó, Nóvita, Carmen de Atrato, Medio Baudó, Alto Baudó, Condoto, Bahía Solano, Mutatá, Nuquí y Carmen del Darién, en Chocó.
En la región de Catatumbo se encuentran Tibú, El Tarra, Convención, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama, El Carmen y Hacarí.
Y en el Pacifico Nariñense y el Cauca están los municipios de Tumaco, Olaya Herrera, Santa Bárbara, Ricaurte, Barbacoas, Magüí, Popayán y Santander de Quilichao.
En la ejecución del proyecto participarán el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización –ARN–, la Consejería para la Estabilización, el Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas –Pnud– y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Droga y el Delito –Unodc–.