El 2020 no fue el mejor año para los defensores de Derechos Humanos en La Guajira. A pesar del subregistro se conocen más de cuarenta líderes especialmente indígenas y afrodescendientes, que han sido objeto de amenazas por la defensa del territorio, de los programas de alimentación y transporte escolar.
Los líderes amenazados, cuyos casos son analizados por las autoridades como la Fiscalía, Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, siguen exigiendo garantías para continuar en la defensa de las comunidades vulnerables que cada día son más golpeadas por la indiferencia del Gobierno y los entes territoriales.
Tal es el caso del Movimiento Indígena Nación Wayuú, organización indígena no gubernamental sin ánimo de lucro, defensora de los Derechos Humanos, que durante cuatro años ha venido denunciando situaciones que afectan a la población guajira.
La organización se constituyó a través de una asamblea permanente desde el territorio indígena y ancestral Katsaliamana, jurisdicción del municipio de Uribia.
En el año 2017 Nación Wayuú adquirió su personería jurídica convirtiéndose en una de las primeras organizaciones defensoras de Derechos Humanos en el Departamento, compuesta por autoridades tradicionales indígenas, afros y profesionales voluntarios en diferentes áreas.
El 7 de diciembre del presente año, el movimiento indígena cumplió 4 años de resistencia en medio de una persecución sistemática, desatada por manos criminales en contra de los miembros de esta organización, quienes por su vocación de servicio y denuncias constantes por las graves violaciones a los derechos humanos del pueblo wayuú y los grupos étnicos de La Guajira fueron declarados objetivo militar.
“Las acciones y denuncias del movimiento por la defensa de los derechos humanos nunca han cesado, antes por el contrario, son constantes”, afirmó José Silva, abanderado de la ONG Nación Wayuú.
A pesar de las constantes amenazas, destacan el trabajo realizado a través de los procesos de protección de derechos en comunidades indígenas como la reivindicación de los derechos de la primera infancia, quienes a pesar de tener un recurso millonario anual, asignado por el estado colombiano para su atención, aún siguen falleciendo por causas asociadas a la desnutrición.
En temas de educación, desde el área de la oficina de Asuntos Jurídicos y Étnicos, interpusieron varias acciones judiciales para el restablecimiento de derechos de un grupo de docentes indígenas quienes sin justa causa, vienen siendo excluidos y marginados por la Administración Temporal, de ser nombrados oficialmente en igualdad de condiciones a sus demás compañeros, en donde la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en diversas sentencias han fallado en favor de los educadores étnicos.
“La organización también ha interpuesto acciones legales en defensa de las comunidades wayuú afectadas ambientalmente por el botadero de basura del Distrito de Riohacha y comunidades wayuú de Uribia, perjudicadas por la laguna de oxidación de este municipio”, afirmó José Silva.
La pandemia
El Covid-19 propició muchos escenarios de vulneración de derechos en contra del pueblo wayuú, por ejemplo la incineración de los cuerpos de fallecidas en las diferentes clínicas, en donde la ONG actuó oportunamente denunciando estas graves vulneraciones, logrando así el respeto hacia los cadáveres de los indígenas muertos, quienes fueron repatriados y sepultados en sus cementerios ancestrales.
“La Guajira es un departamento que produce el 40% del carbón del país, que en los últimos años se ha perfilado como una promesa de gran potencial para la explotación de energía eólica. Actualmente, existen 65 proyectos eólicos en trámite, que probablemente entrarán a funcionar en la próxima década. Este territorio seguramente se convertirá así en testigo de la transición de las llamadas energías sucias a energías limpias”.
De igual manera, recordó que “en esta región habita el pueblo wayuú que representa el 20% de la población indígena de Colombia. A pesar de la promesa de desarrollo que ha generado la explotación de carbón y de los importantes avances normativos sobre los derechos de participación de los pueblos indígenas que se han dado en Colombia, el pueblo wayuú se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural”.
Advierte José Silva que una reciente investigación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz– revela cómo han avanzado en el país las gestiones para 65 parques eólicos con más de 2.000 aerogeneradores en todas las costas de La Guajira.
“Estos parques afectarían al menos a 288 comunidades wayuú, sin contar las impactadas por las líneas de trasmisión de energía. Un total de 19 empresas (15 de ellas multinacionales) promueven estos proyectos, en los que se gestionan acuerdos por 60 años o más, con una inversión de más de seis mil millones de dólares. Según las investigaciones de Indepaz. Las empresas y el Estado han adelantado procesos de consulta previa con las comunidades, con base en una normatividad que se deriva de la Constitución Política, de la ratificación del Convenio 169 de la OIT y de otros importantes instrumentos”, acotó.
En Colombia, sin embargo, no existe una ley de consulta previa. Los principios de cómo debe realizarse y cuál es su alcance han sido definidos por una amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional. Para la Corte, las consultas deben ser un instrumento efectivo de protección de los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas y comunidades negras.
Comentó que a pesar de estos lineamientos, en la práctica los procesos de consulta se rigen por medio de normas administrativas expedidas por el Gobierno nacional. “Los procesos de consultas previas en los territorios étnicos de La Guajira son engañosos y manipulados a favor de las empresas, situación que viene denunciando la ONG ante las instancias nacionales e internacionales, y para lo cual ha dispuesto del acompañamiento de profesionales voluntarios en diferentes áreas, especialistas en consultas previas como derecho fundamental de los pueblos indígenas”, sostuvo.
Y recalcó que estas empresas para llevar a cabo este “oscuro plan de engaño y manipulación”, disponen de los servicios, en muchos casos, de profesionales wayuú para que ingresen a los territorios y persuadan a las autoridades de sostener un diálogo directo sin intermediarios.
Finalmente, Silva expuso lo que ha padecido por defender los derechos de las comunidades indígenas.
“Se ha desatado la persecución sistemática en contra de los miembros de la ONG, quienes sobreviven en medio de amenazas y atentados, siendo el caso más reciente el perpetrado en contra de Kenneth Escorcia Fontalvo, un funcionario de la Unidad Nacional de Protección, que hacía parte del esquema de seguridad del presidente de la ONG, quien en momentos en que se dirigía hacia la residencia de su protegido, fue interceptado y baleado por criminales. La lucha continúa y se fortalece con el apoyo cada vez mayor de profesionales y organizaciones que se han sumado y se han encargado de potencializar la labor de la organización”.
