Hace exactamente un año, el Gobierno nacional desplegó todo un grupo de funcionarios a La Guajira, para continuar con la construcción del plan de acción y los indicadores de cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 proferida por la Corte Constitucional en los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia.
En esa oportunidad, se presentaron varias dificultades con las comunidades indígenas y autoridades tradicionales por la forma cómo los delegados de distintas dependencias del nivel central, llegaron sin socializar previamente con ellos.
De acuerdo al cronograma estipulado por el Ministerio, entre el 26 de agosto y el 6 de septiembre de 2019, se inició con el proceso de socialización y divulgación de la Sentencia T-302 de 2017 en Uribia y Maicao, en las rancherías Orroko, Shipia Wayuú y el Resguardo Indígena de Manaure.
Hoy regresaron nuevamente, para dar inicio a la segunda jornada de consulta previa, que se realizará desde el 4 de diciembre hasta el 21 del mismo mes, para definir el plan de acción que reivindique los derechos de la población wayuú, para lo cual se reunieron ayer previamente en el Centro Cultural de La Guajira, con la consejera para las Regiones, Ana María Palau.
La Consejería para las Regiones, plantea que en la consulta participen más de 4.500 personas entre autoridades indígenas y acompañantes.
Cabe anotar que la consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas para participar en el desarrollo de diferentes decisiones legislativas o administrativas que pueden afectar su territorio y su cosmovisión. Entre otras razones, por el desarrollo de obras, proyectos y/o actividades dentro de sus territorios ancestrales, buscando proteger su integridad cultural, social y económica.
La consejera para las Regiones, reiteró que el compromiso de la Presidencia de la República con la población wayuú va más allá de lo ordenado por la Corte. No se limitará a proponer estrategias concretas y específicas para solucionar el problema de la desnutrición y mortalidad infantil en el Departamento, sino que también propone trabajar en aquellos factores que inciden de forma indirecta en este fenómeno.
De esta manera, el Gobierno creó un conjunto de propuestas interdisciplinarias para abarcar las problemáticas del agua, trabajo, infraestructura, educación, seguridad alimentaria, entre otras.
La segunda consulta previa busca construir con las comunidades y autoridades wayuú un plan de acción diseñado de acuerdo con las características del territorio guajiro y sus necesidades, llevando de la mano principios wayuú como el de la protección a la vida.
Entre las acciones adelantadas por el Gobierno nacional se destaca la socialización de la sentencia en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, que contó con la participación de autoridades indígenas, organizaciones representativas y miembros destacados de las comunidades wayuú convocadas, atendiendo a criterios territoriales y posibles conflictos claniles.
Esto exige que el paso siguiente sea la construcción de una oferta institucional articulada, organizada e interdisciplinar, que pretenda por primera vez en la historia del Departamento, proponerle al pueblo wayuú una política de desarrollo estructurada al corto, mediano y largo plazo.
Entre las propuestas sustentadas que llevará el Gobierno están, por ejemplo, aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua potable, mejorar la efectividad de los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de los programas de seguridad alimentaria, entre muchas otras.
El Gobierno nacional trabaja con todo el compromiso y desarrolla un proceso completo de trabajo conjunto y articulado en la planeación a corto y largo plazo para fortalecer la presencia y la capacidad institucional en el departamento de La Guajira, y el trabajo en conjunto directamente con las comunidades.
Entre las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional se destaca la socialización de la sentencia en lengua wayuunaiki a las comunidades de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha.
Algunos de los compromisos que debe cumplir el Estado se dan en el aumento de la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua potable.
La comunidad
La docente Yaritza Patricia Movil Gámez, de la comunidad El Paraíso ubicada a la salida a Valledupar, precisó que solo la semana pasada les fue entregada por parte del Ministerio del Interior, la matriz que se debe seguir para la implementación de la Sentencia.
Indicó que es una matriz bastante compleja y extensa, toda vez que son nueve ejes entre los que se incluyen agua potable, educación, alimentación, salud, y que tiene que ver con las necesidades básicas de las comunidades.
Indicó, que el objetivo es que lo líderes analicen el tema en diferentes mesas para poder implementar la Sentencia.
“Tenemos que sentarnos con personas idóneas que están al interior de nuestra cultura, y ponernos de acuerdo para ejecutar nosotros mismos los recursos”, sostuvo.
Subrayó que desde las comunidades también se evalúa presentar una contrapropuesta al Gobierno nacional, una vez de manera concertada definan los temas.
“No queremos detener el proceso sino avanzar pero para eso necesitamos trabajar respecto a los subtemas que referencia la Sentencia T-302 de 2017”, anotó.
Agregó que el objetivo, es que lo líderes analicen el tema en diferentes mesas y que tienen claro que se deben organizar pero especialmente que las concertaciones se realicen dentro del uso y costumbre de la cultura wayuú. “Tenemos que estudiarlo muy bien antes que tomar cualquier decisión”, expresó.
Puntualizó que una de las solicitudes de las comunidades es que puedan manejar de manera autónoma los recursos que demande implementar los alcances de la Sentencia T-302 de 2017.
