La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de dos meses al exsecretario General de la Alcaldía de Cartagena, Carlos Coronado Yancés, y de tres meses a la exsecretaria de Educación, Clara Inés Sagre Hernández, por irregularidades en la convocatoria de dos contratos suscritos por la administración.
En fallo de segunda instancia, la Procuraduría Regional de Bolívar estableció que en las dos licitaciones se fijaron requisitos habilitantes desproporcionados e inadecuados, que limitaron la concurrencia de oferentes y afectaron los intereses de la ciudad y de los posibles interesados en participar en los procesos.
En el primer caso, relacionado con la licitación abierta para la adecuación de sedes escolares, exigieron que la experiencia de los oferentes no podía acreditarse con obras de naturaleza privada, requisito que no resultaba objetivo, proporcional y racional, pues la práctica en el ejercicio de la ingeniería o la arquitectura se adquiere con la aplicación de los conocimientos en los procesos de construcción, sin importar si son de carácter público o privado.
En la segunda licitación, que tenía como objeto la contratación del servicio de vigilancia para los colegios del municipio, se exigió que las empresas interesadas efectuaran a su personal, con anterioridad a la apertura del proceso contractual, un examen sicofísico y una prueba de polígrafo, así como también estar inscritas en el Registro Único de Proponentes en la clasificación de servicio de investigación privada, condiciones que no resultaban proporcionales con las necesidades del servicio requerido y el objeto del contrato.
Para el Ministerio Público con su actuación los investigados vulneraron los principios de transparencia y selección objetiva, al imponer condiciones injustas, desproporcionadas e inadecuadas que afectaron la participación de posibles oferentes.
Por esos hechos, el órgano de control sancionó a Coronado Yancés y a Sagre Hernández, esta última por dos cargos disciplinarios, y calificó sus conductas como faltas graves cometidas a título de culpa grave.
En el mismo fallo, la Procuraduría absolvió de responsabilidad disciplinaria al exsecretario de Infraestructura de Cartagena, Ramón de Jesús León Hernández (2012 – 2014).
