La Procuraduría General de la Nación pidió al Tribunal Administrativo de Magdalena requerir a autoridades nacionales, departamentales y municipales información detallada y técnica en el proceso judicial que adelanta sobre la grave situación que se presenta en la región por la erosión de la carretera entre los municipios de Salamina y El Piñón, que podría causar la inundación de tres poblaciones de más de 50.000 habitantes y la afectación de por lo menos 2.000 hectáreas.
En oficio dirigido a la magistrada María Victoria Quiñones Triana, el Ministerio Público enfatizó en la importancia de que existan nuevas pruebas de carácter técnico y científico para que las órdenes que se impartan garanticen los derechos a la seguridad de los habitantes de la región y el equilibrio ecológico del sistema hídrico que enlaza al río Magdalena con las ciénagas del Departamento.
El ente de control solicitó al tribunal requerir a Corporación Autónoma Regional del Río Grande a la Magdalena – Cormagdalena–, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –Ideam– y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –Anla– copias de los estudios técnicos que incluyan diagnósticos del estado de los suelos que conforman la ronda oriental del río Magdalena.
Asimismo, a la Agencia Nacional de Tierras, Corporación Autónoma Regional de Magdalena –Corpomag– y Cormagdalena, pidió suministrar información detallada sobre los linderos de la zona amortiguadora del río, relacionando la máxima cota de inundación sobre la que se tenga registro en esta zona.
Además, al Departamento Nacional de Planeación, Instituto Nacional de Vías, Asamblea y Gobernación del Magdalena y alcaldías y concejos de Pivijay, El Piñón y Salamina, solicitó un informe detallado sobre la reglamentación de los usos del suelo en las rondas del río.
Mientras que al Congreso de la República y a los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Agricultura y Desarrollo Rural, pidió que se oficialice la adjudicación de un tratamiento especial en la asignación de regalías para los municipios ribereños, así como oficiar copia a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la presunta comisión de delitos relacionados con la invasión de la franja o ronda hídrica del río Magdalena por diferentes actividades y por la posible omisión por parte de las entidades.
Finalmente, la Procuraduría pidió al tribunal vincular a la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios para actuar dentro del proceso y permitirle intervenir cuando sea necesario en defensa del patrimonio ambiental y la protección de la población rural campesina afectada que habita en los centros poblados y fuera de ellos.
