El pasado 12 de octubre de 2020, a nivel nacional se celebró el Día de la Raza en honor a la nueva identidad cultural producto del encuentro y la fusión entre los pueblos nativos americanos y los conquistadores españoles. De manera simultánea, los Pueblos Indígenas conmemoraban el Día Nacional e Internacional de la Resistencia Indígena, de acuerdo a lo mandatado por el IX Congreso Nacional de Pueblos Indígenas de la Onic.
Y es que si bien la conquista significó un desarrollo económico mundial digno de celebrarse, también implicó el comienzo de múltiples luchas de resistencia de los pueblos indígenas en contra de la violación y el desconocimiento de sus derechos como seres humanos y dueños originales de la tierra americana.
Colombia, a pesar de ser un estado social de derecho, multicultural y pluriétnico, que ha ratificado diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos; presenta un panorama desolador en cuanto a la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Ejemplo de esto ha sido la muerte masiva de indígenas del pueblo Nasa que llevó a la constitución de la Minga que ha cruzado el país exigiendo una reunión con el presidente de la República en aras de establecer una solución para los problemas de violencia que amenazan su exterminio. .
En la península de La Guajira habitan los wayuú, el pueblo indígena más numeroso de Colombia que desde hace décadas viene muriendo de hambre y sed; situación por la cual fue beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015 y fallos judiciales de la Corte Constitucional como la Sentencia T-302 de 2017.
Para los wayuú la lucha es en contra del hambre, la falta de acceso al agua potable, la precaria prestación de servicios de salud y el racismo estructural del Estado que parece no entender que más allá del cumplimiento de órdenes judiciales, sus acciones (u omisión de las mismas) tienen un impacto directo en la vida de niños que a la fecha siguen muriendo.
Contribuyendo en la lucha de pervivencia de los indígenas wayuú, el 23 de noviembre de 2018 la Onic, el Cinep, Fucai, DNI, Coodacop y Omaira Orduz como organizaciones de la sociedad civil e intervinientes en el proceso de la Sentencia T-302 de 2017, conformaron un grupo de Veeduría Ciudadana de verificación a la implementación de tal fallo.
La Veeduría Ciudadana cuenta con un equipo técnico de profesionales especializados que vienen trabajando desde el 2019 en hacer seguimiento a la implementación de la Sentencia T-302 de 2017, detectar los principales obstáculos presentados en torno a su cumplimiento y sugerir recomendaciones para que de manera proactiva se logre la superación del estado de cosas inconstitucional en La Guajira.
Para ello, el Grupo de la Veeduría Ciudadana ha producido un informe que contiene el análisis de las acciones judiciales, los indicadores de desnutrición, el comportamiento institucional, las acciones del Estado en cumplimiento a la Sentencia, las evaluaciones de los planes de desarrollo territoriales y las percepciones de las comunidades en el contexto de cumplimiento de la Sentencia. Además, incluye una serie de conclusiones, recomendaciones y solicitudes al Estado colombiano e instancias internacionales, para que de manera conjunta se sumen a la lucha de este pueblo mediante acciones efectivas que detengan la muerte de los niños wayuú.
Entre las conclusiones se pueden identificar las siguiente: I) el estado de cosas inconstitucional continúa inamovible y no se han abierto procesos disciplinarios, ni se ponen en marcha estrategias más vinculantes por parte de las instancias encargadas del acompañamiento y supervisión; II) la situación de derechos de los niños wayuú y sus comunidades ha empeorado a causa de la pandemia del Covid-19 y III) faltan el plan de acción, el diálogo genuino entre el Estado y las autoridades wayuú que permitan avanzar respecto a los indicadores de desnutrición y la inclusión de la Sentencia en los planes de desarrollo de los entes territoriales accionados.
En las recomendaciones se destacan: I) solicitar al Tribunal de Riohacha no otorgar más plazos y si continúa el incumplimiento, declarar el desacato lo antes posible; II) solicitar a la Corte Constitucional que avoque conocimiento del seguimiento judicial de la Sentencia dado que las acciones del Tribunal Superior de Riohacha no son lo suficientemente ágiles y efectivas; III) solicitar a la Procuraduría y a la Defensoría como entidades encargadas de hacer el seguimiento y control a las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017, tomar medidas urgentes y vinculantes que permitan el cumplimiento de este fallo para garantizar la vida de los niños wayuú y sus comunidades. IV) solicitar al sistema nacional de articulación en cabeza del Icbf y a la Comisión Intersectorial para La Guajira que generen un plan de articulación de corto, mediano y largo plazo definiendo estrategias innovadoras y pertinentes que incluyan el uso de las nuevas tecnologías y V) formular conjuntamente estrategias de diálogo genuino entre las autoridades wayuú y las entidades que superen lo meramente formal, pragmático y programático con gradualidad y universalidad garantizando procesos realmente participativos, más que representativos.
Este informe será socializado con la comunidad internacional, las comunidades indígenas, las entidades accionadas en cabeza de la Presidencia de la República y los organismos de control y seguimiento al cumplimiento de las órdenes de la Sentencia (Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Superior de Riohacha y la Corte Constitucional). Además, tendrá un lanzamiento oficial en la rueda de prensa que se llevará a cabo hoy.
El informe en mención, espera consolidarse como una herramienta que permita actuar de manera efectiva, coordinada y urgente ante la situación de vulneración de derechos de los niños wayuú y sus comunidades. Informe que se suma a lo que el antropólogo Weildler Guerra Curvelo reconoce como Wayuú Sumaigua, es decir, a la auténtica reconstrucción del pasado con verdades, errores y como generador de presente de la lucha de los indígenas por acceder a mejores condiciones de vida en La Guajira y como un aporte a la resistencia que otros pueblos realizan en Colombia.
Fuente Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017
