La próxima semana el departamento de La Guajira remitirá los distintos documentos al Ministerio del Hacienda, para legalizar el sometimiento de la entidad territorial a la Ley 550 o de reestructuración de pasivos.
Luego de esto, el Ministerio de Hacienda tiene tres días para iniciar formalmente el proceso de implementación de esta ley.
Así lo dio a conocer el gobernador Nemesio Roys al Noticiero Cardenal de La Guajira, donde señaló que una oficializada la ley, se levantan todos los embargos a la administración departamental.
“Una vez remitidos por ley el Ministerio de Hacienda tiene tres días para expedir la resolución donde se inicia formalmente el proceso de implementación y una vez salga esa resolución, inmediatamente se hace el levantamiento de todos los embargos y se inicia un proceso de validación de todas esas acreencias”, dijo.
El mandatario aseguró que lo que sigue a partir de ahí, es sentarse con los acreedores, para validar las deudas y verificar que sean reales y que no se le haya pagado en la antigüedad.
“Es un proceso que demora máximo cuatro meses se podrá prorrogar por otros dos y de ahí es que se comienzan a hacer los pagos (…) El proceso es sencillo pero profundo porque llega un equipo del Ministerio de Hacienda a soportar la Secretaría (de Hacienda) departamental y es ese equipo el que se comunica con cada acreedor”, agregó.
Además, comentó que la Gobernación cuenta con un listado de todas las acreencias, que suman 620 mil millones de pesos.
“Cada acreedor presenta su documentación más los soportes que hay en la Gobernación, aquí no hay negociación ni conciliación, solo hay verificación de soportes para establecer cuál es la deuda real”.
Por su parte, el exdiputado Idelfonso ‘Poncho’ Medina concordó en que ahora lo que viene es la oficialización a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, para que ellos acepten el sometimiento del Departamento a la ley 550.
“El Departamento pasaba una crisis que no era posible pagarla con una situación normal en la ordenación de gastos. En La Guajira pasaba que la ordenación de gasto no estaba en la rama ejecutiva como debe ser, sino en la judicial, es decir, quienes ordenaban a dónde iban los recursos no era el gobernador sino los jueces”.
Cabe mencionar que la Asamblea de La Guajira aprobó, en pasados días, la implementación de la Ley 550 para atender la crisis financiera que atraviesa la entidad territorial por cuenta de múltiples demandas, embargos e incumplimientos de pago a organizaciones públicas y privadas.
