En la mayoría de los municipios colombianos, la distancia entre vivir y morir en una urgencia no la marca una póliza privada o la medicina prepagada, sino lo…
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En la mayoría de los municipios colombianos, la distancia entre vivir y morir en una urgencia no la marca una póliza privada o la medicina prepagada, sino lo que resista el hospital público.
Acostumbrados a resolver por cuenta propia en la farmacia del barrio el malestar de tres días de fiebre, una diarrea o una gripa común, no nos preocupan las emergencias vitales que ocurren rara vez. Pero cuando el cuadro se complica y la probabilidad de vida depende de lo que se haga en minutos, deja de haber margen para la automedicación, y el hospital público del pueblo se presenta como la única alternativa, no solo para los millones que habitamos esos municipios, sino para cualquiera que vaya de viaje y por un accidente o una urgencia termine allí. De acuerdo con el Ministerio de Salud y la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos, en el país operan cerca de novecientas treinta Empresas Sociales del Estado, y en más de ochocientos municipios, cerca de tres cuartas partes del territorio, la red pública es el único prestador con urgencias abiertas las veinticuatro horas. Allí no valen pólizas privadas ni carnés preferenciales: frente al peligro de muerte, la Ley y la geografía nos igualan. En esos centros ubicados en la periferia del sistema se atienden emergencias críticas, como una broncoaspiración que exige un aspirador de secreciones operativo en el acto, una hemorragia masiva, un infarto o un accidente cerebrovascular, donde sobrevivir depende de esa primera estabilización antes de cualquier traslado.
Quien ha esperado noticias sobre un familiar o un amigo en esa sala de urgencias sabe de lo que hablo y conoce la anatomía de la carencia. En las horas de espera, la angustia vuelve nítido cada detalle; todo se presenta crudo, inevitable, y mientras corren los minutos reparamos detenidamente en las manchas de humedad del cielo raso que delatan una cubierta vencida, vemos cómo los aires acondicionados gotean por desagües improvisados hacia un balde y nos sentamos en las sillas plásticas unidas con remaches y alambre a otras para que no se dispersen en la sala. Con tiempo de sobra, allí es cuando observamos una pared desconchada, sufrimos el moho en las juntas de las baldosas y nos ocupa la repelencia de una mosca en la zona de suturas. No se debe generalizar, pero en la puerta muy probablemente, además, habrá un vigilante que termina haciendo de psicólogo, carcelero, agente antidisturbios y médico improvisado frente a familiares y amigos desconfiados que exigen supervisar cada procedimiento, como una extensión ansiosa de la automedicación. Allí se entiende, sin rabia pero con desconcierto, por qué una auxiliar pide en voz baja pañales, tijeras, vaselina o quitaesmaltes para que el pulsioxímetro lea el dedo, y por qué la vida depende también de conseguir ambulancia y cama para remitir antes de que el agotamiento empuje al retiro voluntario.
Cuando se intenta desentrañar las causas de ese panorama, la explicación más rápida y quizá más cómoda suele ser culpar únicamente a la corrupción local o a la burocracia. Esos males son graves y deben combatirse con todo ímpetu, pero quedarse solo ahí oculta que, en muchos municipios, el hospital público opera por fuera de las posibilidades del mercado, y quizá es un mal irremediable del sistema; así debe ser, porque no existe para dar ganancias sino para garantizar un derecho fundamental donde la rentabilidad no llega. El sistema lo obliga a competir y sobrevivir en desventaja. Mientras una clínica privada puede cerrar citas o suspender servicios cuando una EPS no le paga, el hospital público está obligado por Ley a mantener sus puertas abiertas día y noche y atender a todo el mundo, incluidos los pacientes sin seguro o migrantes, cuyas urgencias recaen en casi un ochenta por ciento sobre la red pública según el Ministerio de Salud. Como las aseguradoras saben que el hospital del pueblo no puede cerrar, relegan sus facturas y ponen trabas a lo ya atendido. Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, en las principales EPS del régimen subsidiado más de siete de cada diez pesos adeudados llevan meses vencidos, dejando a cientos de hospitales en riesgo financiero medio o alto y sin caja para comprar insumos básicos o pagar salarios a tiempo.
Y, sin embargo, en medio de esa situación presupuestal que los tiene en cuidados intensivos, ocurre algo que no aparece en los balances contables. Cuando la sala se desborda y la precariedad amenaza con dejar el servicio sin pulso, sale alguien que sostiene el lugar con una decencia silenciosa: la enfermera que explica con calma en medio del caos, el médico que insiste al teléfono hasta conseguir una remisión o el auxiliar que hace un poco más de las obligaciones del contrato. No se trata de romantizar la carencia ni de pedir heroísmos para cubrir lo que el Estado debe financiar, sino de reconocer que, en esos pasillos golpeados, todavía aflora cada tanto lo mejor de la condición humana.
Defender el hospital público no es un gesto de caridad para otros ni una consigna ideológica. Es cuidar la única puerta que permanece abierta cuando nos toca enfrentar en primera persona esos minutos de angustia en los que la vida se simplifica y depende de un equipo o un medicamento para la reanimación; sostenerlo es darse cuenta de que, en medio de esa precariedad, está aquello que nos salva en un momento dado.