En Colombia, y particularmente en La Guajira, necesitamos comenzar a entender que la política no puede seguir siendo un escenario donde la improvisación, el desconocimiento y la falta…
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En Colombia, y particularmente en La Guajira, necesitamos comenzar a entender que la política no puede seguir siendo un escenario donde la improvisación, el desconocimiento y la falta de preparación terminen convirtiéndose en obstáculos para el desarrollo de nuestros pueblos. Gobernar, legislar y administrar los recursos públicos son responsabilidades demasiado importantes para asumirlas sin los conocimientos y las herramientas necesarias. Por eso, considero acertada y digna de respaldo la iniciativa legislativa presentada por el senador Alfredo Deluque Zuleta, que busca promover mayores condiciones de preparación académica para quienes aspiren a ocupar cargos de elección popular.
Lo primero que debemos aclarar es que esta propuesta no está exigiendo especializaciones, maestrías, doctorados ni títulos de universidades prestigiosas. Tampoco pretende convertir la política en un privilegio exclusivo de las élites académicas. Su propósito, de acuerdo con el planteamiento que se ha dado a conocer, es elevar el nivel de preparación de quienes aspiran a representar a sus comunidades, mediante una formación técnica o tecnológica, sin desconocer que una mayor preparación siempre será bienvenida.
¿Acaso estamos pidiendo demasiado cuando aspiramos a tener mejores concejales, diputados, congresistas y mandatarios municipales y departamentales? ¿Es un pecado exigir que quienes tienen en sus manos la responsabilidad de aprobar presupuestos, estudiar proyectos, ejercer control político y gestionar recursos públicos cuenten con herramientas básicas para desempeñar esas funciones?
Estamos en pleno siglo XXI. Vivimos en una sociedad donde la educación ha dejado de ser un privilegio reservado para unos pocos. Existen instituciones públicas, programas técnicos, tecnológicos, educación virtual y múltiples alternativas para que cualquier ciudadano con voluntad de superación pueda prepararse. Estudiar no es una deshonra, no le resta dignidad a nadie y mucho menos constituye un obstáculo para servirle a la sociedad. Por el contrario, representa una oportunidad para crecer y hacer mejor las cosas.
La democracia necesita ciudadanos con vocación de servicio, sensibilidad social, honestidad y liderazgo, pero también necesita representantes que comprendan los asuntos que deben resolver. No basta con tener popularidad, simpatía, capacidad de convocatoria o una maquinaria electoral. La gestión pública exige conocimientos sobre presupuestos, contratación, planeación, legislación, desarrollo territorial, tecnologías y administración de los recursos del Estado.
Una persona que llega a una corporación pública sin los conocimientos mínimos puede encontrarse en dificultades para interpretar un presupuesto, analizar un proyecto de acuerdo, comprender una iniciativa de inversión o ejercer un control político responsable. No se trata de menospreciar a nadie por su nivel educativo, sino de reconocer que las responsabilidades públicas demandan preparación permanente.
Y aquí aparece una pregunta que debemos hacernos como sociedad: ¿por qué nos preocupamos tanto por los requisitos académicos de quienes aspiran a un empleo en una empresa privada, mientras que algunas veces somos demasiado permisivos con la preparación de quienes aspiran a administrar los recursos de todos los ciudadanos?
La iniciativa de Alfredo Deluque Zuleta abre precisamente esa discusión. No pretende, en su espíritu, cerrar las puertas de la democracia, sino generar condiciones para que quienes aspiren a dirigir los destinos de sus comunidades comprendan mejor las responsabilidades que asumirán. La formación debe convertirse en una herramienta de inclusión y mejoramiento, no en un instrumento de exclusión.
Incluso considero que sería conveniente estudiar la posibilidad de extender programas de capacitación y formación a los presidentes de las juntas de acción comunal. Ellos son los primeros interlocutores de las comunidades, conocen sus necesidades, gestionan soluciones y muchas veces deben enfrentarse a procedimientos administrativos y presupuestales para los cuales no siempre cuentan con la preparación suficiente. Fortalecer sus conocimientos sería fortalecer las bases mismas de nuestra democracia participativa.
En La Guajira, donde tantas veces hemos reclamado mejores gobiernos, mayor capacidad de gestión, transparencia y resultados, no podemos rechazar de entrada una propuesta que invita a elevar el nivel de preparación de nuestros dirigentes. Necesitamos líderes capaces de interpretar las necesidades de sus municipios, formular proyectos, gestionar ante el Gobierno nacional y defender con argumentos los intereses de sus territorios.
Por supuesto, cualquier iniciativa de esta naturaleza debe discutirse con responsabilidad, respetando la Constitución, el derecho a la participación política y la igualdad de oportunidades. La formación académica no garantiza por sí sola la honestidad, la transparencia ni la capacidad de liderazgo. Hay personas con muchos títulos que han decepcionado a sus comunidades y ciudadanos con poca escolaridad que han demostrado una extraordinaria vocación de servicio. Pero reconocer esas realidades no significa renunciar a la necesidad de mejorar las capacidades de quienes ejercen funciones públicas.
Lo lamentable sería que una discusión tan importante terminara convertida en una confrontación de intereses políticos regionales. En La Guajira no pueden faltar quienes, por diferencias personales o conveniencias electorales, pretendan desfigurar el propósito de una iniciativa legislativa y convertirla en un arma de ataque contra su autor. Las propuestas deben examinarse por su contenido, sus beneficios y sus posibles consecuencias, no por simpatías o antipatías hacia quien las presenta.