La ausencia de contratos para poner en marcha el Escudo Nacional Antidrones enfrenta al actual ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, y al exjefe de esa cartera,…
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La ausencia de contratos para poner en marcha el Escudo Nacional Antidrones enfrenta al actual ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, y al exjefe de esa cartera, Pedro Sánchez, quien defendió las decisiones adoptadas durante el Gobierno de Gustavo Petro y negó que se hubiera impedido la adquisición de estas tecnologías.
Este miércoles 18 de noviembre, Sánchez explicó que la contratación no avanzó porque las evaluaciones técnicas determinaron que ninguna de las alternativas disponibles satisfacía integralmente las necesidades de la Fuerza Pública. Aseguró que el proceso incluyó siete meses de vigilancia tecnológica, con la participación de 119 empresas de 21 países.
Según el exfuncionario, los comités evaluadores, conformados por integrantes activos de las Fuerzas Militares y la Policía, advirtieron riesgos relacionados con la operación, integración y sostenibilidad de los equipos. Por ello, sostuvo que firmar contratos en esas condiciones habría comprometido recursos estatales sin garantías suficientes. Añadió que Hacienda tampoco transfirió el presupuesto previsto para la primera fase, pues no existía una solución viable para contratar.
Sánchez precisó que el proyecto venía de administraciones anteriores y que una circular del 31 de marzo de 2026 centralizó las adquisiciones para avanzar hacia un sistema integral. Esa disposición, afirmó, se mantuvo hasta el 28 de agosto, por lo que rechazó que la responsabilidad por la falta de contratación recayera exclusivamente sobre su gestión.
Sus declaraciones responden a los señalamientos de Mora durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el 17 de noviembre. El actual ministro afirmó que la circular impidió a las unidades militares comprar directamente inhibidores de drones, a la espera de que fueran incorporados al Escudo Nacional Antidrones, iniciativa anunciada con una inversión estimada de 6,2 billones de pesos.
Mora aseguró que encontró el proyecto sin contratos adjudicados, recursos ejecutados ni una tecnología lista para su implementación. También indicó que la evaluación contempló visitas a 12 países y el análisis de 22 compañías extranjeras, sin resultados satisfactorios, y que el proceso tuvo un cierre técnico mediante una resolución del 14 de agosto de 2026.
La controversia cobra relevancia ante el aumento del uso de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales. El pasado 7 de noviembre, un ataque contra el cantón militar de Santa Rosa, en Bolívar, dejó tres militares muertos y 47 heridos.
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