La Corte Constitucional hizo un nuevo llamado al Gobierno nacional, a la Gobernación de La Guajira y a los municipios de Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure sobre el…
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La Corte Constitucional hizo un nuevo llamado al Gobierno nacional, a la Gobernación de La Guajira y a los municipios de Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure sobre el incumplimiento de la Sentencia T 302 de 2017 que ordena el derecho al acceso al agua potable, seguridad alimentaria y salud para los niños, niñas y madres gestantes de esos territorios.
En el seguimiento a la Sentencia, advierte la Corte que las comunidades de Shukurepaim, Kasiwoluin, Olonoulia, La Pista, Mashi, Palaima, Taloulumana hacen referencia a una grave situación de riesgo que podría comprometer el goce efectivo de los derechos fundamentales de las niñas y niños wayuú, relacionada directamente con los objetivos constitucionales mínimos fijados en la Sentencia T-302 de 2017 de aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua y de garantizar la sostenibilidad de las soluciones implementadas.
Por esa denuncia de las propias comunidades, la Corte adoptó medidas encaminadas a prevenir la consumación de un daño irreparable mientras las autoridades competentes avanzan en el cumplimiento de las órdenes estructurales impartidas en el proceso de seguimiento y definen las alternativas técnicas y administrativas correspondientes.
De esas medidas, ordenó a las diferentes instituciones que en el término de dos (2) meses remitan un informe conjunto en el que presenten un diagnóstico, por comunidad y elaborado a partir de visitas técnicas concertadas con las autoridades legítimas, sobre el grado de disfrute del derecho al agua de las niñas, niños y madres gestantes.
Deben informar de las acciones urgentes que las instituciones adoptarán de manera coordinada y articulada para asegurar de manera inmediata el goce efectivo del derecho fundamental al agua de los niños, niñas y madres gestantes.
Como también un cronograma de cumplimiento de las acciones propuestas en el que se identifique, para cada comunidad, la entidad responsable de cada acción y los plazos de cumplimiento.
Si en las visitas se constata que alguna comunidad no dispone de al menos veinte (20) litros de agua apta para el consumo humano por persona al día, las entidades competentes deberán adoptar de inmediato medidas transitorias de abastecimiento e informarlas a la Sala Especial dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la visita.
Asimismo, el despacho sustanciador ordenará a las mismas autoridades que, por medio de la Consejería Presidencial para las Regiones, remitan en el término de dos (2) meses un informe en el que presenten una agenda de concertación con las autoridades legítimas orientada a definir las medidas estructurales necesarias para garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños y niñas en las comunidades relacionadas en la Tabla 1.
