La investigación sobre la contratación del sistema de validación de ingreso a los estadios de fútbol avanzó a una nueva etapa judicial, luego de que una fiscal delegada…
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La investigación sobre la contratación del sistema de validación de ingreso a los estadios de fútbol avanzó a una nueva etapa judicial, luego de que una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia formulara acusación contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró.
La exfuncionaria es señalada de presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, relacionados con un convenio interadministrativo suscrito con Aldesarrollo por más de 4.950 millones de pesos.
Según la Fiscalía, la contratación buscaba desarrollar el análisis para implementar el Sistema de Validación Nacional, una herramienta prevista en el Decreto 1622 de 2022 que permitiría vincular los documentos de identidad de los aficionados con sus boletas y verificar antecedentes para restringir el ingreso de personas impedidas.
El ente investigador advirtió que el convenio se habría celebrado mediante contratación directa, desconociendo las disposiciones que exigían garantizar la pluralidad de oferentes. Además, la investigación identificó que la subcontratación de una particular específica habría sido acordada previamente para ejecutar la iniciativa.
Entre las presuntas irregularidades también figuran la ausencia de estudios de mercado y de procedimientos para determinar el valor del contrato y los costos de las actividades. A esto se suman advertencias de los equipos técnicos y jurídicos del Ministerio sobre posibles vicios en el proceso precontractual, que habrían sido desatendidas por Urrutia antes de firmar el convenio el 30 de diciembre de 2022.
La Fiscalía también señaló que en los estudios previos y en el acto administrativo de justificación se habrían consignado hechos contrarios a la verdad.
El proceso continúa en manos de la autoridad judicial competente y la situación jurídica de la exministra está pendiente de resolución. Urrutia conserva la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial en firme.
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