El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, sancionó la Ley de Sometimiento, una iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional y aprobada por el Congreso el pasado martes…
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El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, sancionó la Ley de Sometimiento, una iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional y aprobada por el Congreso el pasado martes 3 de noviembre, con la que se establece un nuevo marco jurídico para enfrentar a las organizaciones criminales y grupos armados ilegales que decidan someterse a la justicia. La norma busca reemplazar el modelo de Paz Total de la administración anterior por un mecanismo de sometimiento judicial, sin otorgar reconocimiento ni beneficios de carácter político a estas estructuras.
A través de su cuenta en X, el mandatario confirmó la sanción de la ley y destacó el trabajo del ministro de Justicia, Iván Cancino, a quien agradeció por su gestión y compromiso para sacar adelante el proyecto. Durante su trámite legislativo, la iniciativa recibió 57 votos a favor y 24 en contra en la plenaria del Senado, mientras que en la Cámara de Representantes obtuvo 95 votos positivos y 10 negativos.
El Gobierno argumentó la necesidad de establecer este nuevo mecanismo ante el crecimiento de las organizaciones armadas en el país. Según cifras del Ministerio de Defensa citadas en la exposición de motivos y recopiladas por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), sus integrantes pasaron de 15.120 en diciembre de 2022 a aproximadamente 28.802 en julio de 2026, lo que representa un incremento cercano al 90 %. Entre las estructuras con mayor número de integrantes figuran el Clan del Golfo, con 10.268; el ELN, con 7.123; el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, con 4.480, y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con 2.359.
La legislación establece que los beneficios penales estarán condicionados al cumplimiento de compromisos verificables, entre ellos la entrega de información a las autoridades, la colaboración con la justicia, el desmantelamiento de las estructuras criminales y el aporte a la verdad y reparación de las víctimas. Con esta normativa, el Ejecutivo pretende fortalecer las herramientas judiciales para combatir las organizaciones ilegales y facilitar su desarticulación bajo condiciones establecidas previamente en la ley.
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