Prevención de conflictos, diálogo social y atención de la protesta.
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Hay una forma silenciosa de gobernar que rara vez llega a los titulares: la de sentarse a leer un Proyecto de Decreto Nacional, línea por línea, y preguntarse qué pasará cuando esa norma, escrita en Bogotá, tenga que aplicarse en una ranchería de la Alta Guajira, en una vía sin alterna o frente a la entrada de una mina. Eso fue lo que hizo la Secretaría de Gobierno de La Guajira durante la revisión del proyecto que terminó convertido en el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, que modificó y adicionó el Decreto 003 de 2021 sobre prevención de conflictos, diálogo social y atención de la protesta pública.
Hay que decirlo con franqueza: el Decreto 003 no le sirvió a La Guajira para gestionar su conflictividad social. Frente a los bloqueos de las vías, hizo más lenta la respuesta institucional y más injusta la situación de quienes quedaban atrapados en ellos, y llevó a que las propias autoridades temieran ejercer la autoridad que la Ley les confiere.
El balance merece contarse con rigor, porque la rigurosidad también es una forma de respeto. El Ministerio del Interior examinó y respondió de fondo cada una de las observaciones presentadas a nombre de la Gobernación y de la Secretaría: once registros en total. Cinco fueron aceptados parcialmente y seis no fueron aceptados en los términos propuestos. Leer solo esa cifra sería un error. En varias de las respuestas negativas, el Ministerio explicó que la preocupación guajira ya estaba cubierta por reglas generales; en otras, discrepó de la forma, no del fondo. Ninguna fue ignorada.
Lo acogido tiene nombre y apellido. Hoy el Decreto ordena convocar a las autoridades y organizaciones representativas de los pueblos étnicos y preferir sus mecanismos propios de interlocución. Esa no es una concesión menor en un Departamento donde el diálogo, para ser diálogo, tiene que hablar también en wayuunaiki y reconocer a la autoridad tradicional. Se precisó además que la valoración del riesgo debe recaer sobre conductas verificables y no sobre la identidad de las personas: la manta, el chinchorro o la presencia de un palabrero no pueden leerse jamás como señal de desorden. Se fortaleció la articulación de las alertas tempranas con la Defensoría del Pueblo, y se dejó escrito que la actuación del Icbf debe guiarse por el interés superior de la niñez con enfoque étnico.
También hubo diferencias, y conviene decirlas sin maquillaje. La Secretaría propuso que la instalación de una mesa de diálogo implicara la habilitación inmediata de la movilidad; el Ministerio consideró que el diálogo no puede condicionarse de esa manera. Pidió mencionar expresamente infraestructuras como Cerrejón, Ballena o Chuchupa, y la respuesta fue que la protección depende de un criterio funcional, no de nombres propios. Sugirió valorar el efecto de los bloqueos sobre las regalías, y se descartó por considerarlo indirecto. No comparto todas esas conclusiones, pero las entiendo, y sobre todo valoro que hayan quedado motivadas. Una respuesta argumentada es un insumo para seguir trabajando; el silencio, en cambio, solo produce frustración.
Detrás de cada observación había una convicción que he defendido durante años: el derecho a la protesta pacífica y el derecho de quienes no participan en ella no son enemigos. El transportista que necesita llegar, la madre que espera el agua, el niño que debe ir a la escuela, el trabajador que no puede perder su jornal y la comunidad que reclama lo que se le ha prometido son, todos, guajiros con derechos. El Estado no puede escoger entre ellos; tiene que encontrar la manera de garantizarlos a todos al mismo tiempo. Esa manera tiene un nombre: diálogo social.
Por eso reafirmo hoy mi compromiso con la Unidad de Diálogo Social de La Guajira. Tuve el privilegio de liderarla y afianzarla, y la vi llegar donde el Estado no llegaba: a la carretera bloqueada a medianoche, a la enramada donde se discutía la tierra, a la mesa donde un acta cumplida valía más que cien discursos. El nuevo Decreto exige justamente lo que la Unidad viene haciendo: anticipar la conflictividad, convocar a las autoridades propias y registrar los compromisos con responsable, plazo y estado de cumplimiento. La norma nacional ahora le da la razón al camino que La Guajira ya había empezado a recorrer.
Pero una unidad que depende de la voluntad de cada Gobierno es una unidad frágil. Por eso insisto en la necesidad de institucionalizarla mediante una Ordenanza Departamental, para que el diálogo social deje de ser un programa y se convierta en una política de Estado en La Guajira, con estructura, con recursos estables y con continuidad, gobierne quien gobierne.
El Decreto, además, nos deja tareas: organizar con las alcaldías los corredores solidarios y los planes de movilidad, revisar el inventario de bienes de protección prioritaria, definir rutas claras para convocar a las autoridades tradicionales y fortalecer el registro público de compromisos. Ninguna de ellas está hecha todavía. Todas son posibles si hay método, voluntad y una Unidad de Diálogo Social fuerte que las lidere.
San Agustín enseñaba que la paz es la tranquilidad del orden. No el silencio impuesto ni la calma de quien se resigna, sino el orden justo en el que cada quien tiene su lugar y su voz. Esa es la paz que queremos para La Guajira, y no se decreta: se construye conversando. Seguiré en esa conversación, como siempre, del lado del diálogo.
