En la Sentencia T-302 de 2017, la Corte Constitucional esbozó una detallada orientación a los procesos de participación de las comunidades indígenas, señalando que las entidades públicas deben hacer todo lo que esté a su alcance para dialogar efectivamente con los destinatarios de las intervenciones del Estado y ofrecer espacios efectivos de participación. Igualmente, que se deberá poner en conocimiento de las comunidades indígenas, la evaluación de las propuestas y los resultados de las iniciativas planteadas.
A este innovador proceso lo llamó diálogo genuino, el cual se encuentra determinado por los siguientes componentes:
- El diálogo con las comunidades indígenas debe ser respetuoso de sus prácticas tradicionales y costumbres.
- Las entidades deben establecer el mínimo de deliberación democrática con las comunidades en los casos en los que se pretenda adoptar medidas administrativas regresivas.
- Existe la necesidad de deliberar conjuntamente con las comunidades afectadas acerca de las acciones del Estado dirigidas a garantizar los derechos de los niños.
- Es obligante ser sensible a los retos y desafíos que impone todo diálogo multicultural en el que se encuentran palabras, lenguas y culturas.
- La participación debe ser amplia y efectiva. No puede limitarse a capacitaciones o socializaciones en centros urbanos, ni reuniones con ciertas autoridades y VI) convocar a las autoridades indígenas para participar efectivamente en el diseño, implementación y ejecución de la política pública.
En este contexto el diálogo genuino, es el espacio capaz de sentar a dos o más partes a escucharse bajo un proceso cuidadosamente diseñado para intercambiar respetuosamente sus puntos de vista en el franco deseo de generar empatía con el otro y trascender en objetivos compartidos desde la diferencia. A través de él se resolverán los distanciamientos entre las partes y se llegará a un acuerdo que genere avances y cambios sociales planificados.
En el diálogo genuino es necesario tener en cuenta la lengua. En la comunidad wayuú ha sido fundamental el uso y el valor que se la da a la palabra como medio para solucionar conflictos, comunicar pensamientos, transmitir sus tradiciones y generar consensos entre clanes y familias.
En muchos territorios de la geografía de la Alta y Media Guajira, aún persisten autoridades claniles que solo hablan wayuúnaiki para la transmisión de los saberes ancestrales, por lo tanto, es un deber del Gobierno nacional y de sus funcionarios adaptarse a este entorno social de manera respetuosa.
Mesas de concertación
A finales de 2019 y tras la convocatoria del Tribunal Superior de Riohacha para evaluar los avances en la implementación de la Sentencia T-302 del 2017 y la pertinencia de abrir un incidente de desacato por parte de la Presidencia de la República, se realizó la instalación apresurada de mesas de concertación en diferentes áreas de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, con las autoridades tradicionales, con el objeto de intentar conseguir acuerdos urgentes y dar cumplimiento a los requerimientos que estaban consignados en dicha Sentencia.
En esa oportunidad, las mesas no lograron sus objetivos, pues el desconocimiento de la Sentencia y el trabajo apresurado, no dio buenos resultados. “Entender una sentencia de más de 300 páginas, que incluye términos jurídicos e indicadores de cumplimiento necesita no solo la traducción del documento, sino la socialización y capacitación previa a las autoridades para lograr una real comprensión de la misma”, explicó Águila Epieyú, quien es uno de esos putchipuu tradicionales wayuú, miembro de la Junta Mayor de Palabreros de La Guajira y que vive en carne propia las dificultades por no acceder a una comunicación directa y fluida, que le dé suficiente conocimiento para ejercer a plenitud su derecho a la participación real e informada para tomar las mejores decisiones.
El Gobierno debe abandonar las urgencias para relacionarse con la comunidad wayuú. Como alternativa es necesario buscar la manera de aproximarse efectivamente a las autoridades.
“La actividad inicia por respetar el valor de la lengua y buscar medios como emisoras comunitarias para transmitir mensajes, convocatorias y realizar un ciclo de visitas previas en las comunidades objetivo. También, generar capacidades con explicaciones y un trabajo que les posibiliten a las autoridades tomar decisiones sobre los problemas que afectan no solo la vida de su familia, sino de toda la comunidad”, afirma el palabrero Águila Epieyú.
La pauta ya la dio la Corte Constitucional. En 2017 se tomó el trabajo de escuchar a las autoridades y a los palabreros para entender la organización de la etnia y es lo mismo que debe hacer el Gobierno, apartándose de los líderes que buscan suplantarlas y darles la palabra a las verdaderas autoridades que por línea materna tienen el poder de decisión.
Otro de los puntos que explicaría ese intento fallido de interlocución por parte del Gobierno, según la mesa de diálogo permanente, creada en 2011 bajo la resolución 1960, fue el desconocimiento de este grupo de trabajo integrado por 22 delegados de los diferentes municipios, que cuentan con el respaldo de la comunidad y que logran convocar de manera efectiva a las diferentes autoridades de las comunidades.
“Al Gobierno se le olvidó que a las comunidades se ingresa con autorización, con el respeto y explicando de manera clara el punto que se viene a exponer, y para eso estamos nosotros aquí, porque al Gobierno le queda muy difícil sentarse a dialogar con 6 mil autoridades reconocidas que tienen presencia en el territorio ancestral”, comentó Blas Quintero, actual coordinador de la mesa de diálogo.
También expresa que “nosotros entendemos el territorio y la realidad del pueblo wayuú desde adentro y lo que hacemos es socializar los planteamientos del Gobierno. Nosotros no vemos los problemas de la región desde un escritorio en la ciudad, que es donde se generan las políticas que se implementan de manera pasajera o que dejan a medio camino”.
La pandemia
Con la llegada de la pandemia, la reanudación de un diálogo genuino con las comunidades en La Guajira se aplazó y no parece tener una fecha próxima de reanudación. Mientras esto sucede, el trabajo de los palabreros sigue sin descanso; administrando los problemas que no desaparecen del territorio ancestral.
“Aquí administramos la sequía y la hambruna”, señala Jesús Pushaina de Puerto Estrella, lugar visitado por la Corte Constitucional para constatar las condiciones y precariedades del pueblo.
“Uno hace el esfuerzo de levantarse temprano y caminar hasta la trocha y abordar un vehículo hasta la ciudad y cuando llegamos a las oficinas de las alcaldías o Gobernación buscando soluciones las encontramos cerradas sin atención al público. Esto es tiempo y esfuerzo perdido, hay que buscar soluciones, las comunidades siguen con hambre y sed, la atención en salud se agrava por el Covid-19 y todos los muertos de nuestro pueblo se convierten ahora en positivos y nosotros debemos seguir con vida luchando”.
Tal como está consignado en la Sentencia T-302 de 2017 se advierte: “Las dificultades del diálogo y la concertación son parte del ejercicio ordinario de la función pública, no son un aspecto extraordinario y particular a la comunidad wayuú. Hay particularidades propias de este caso, pero se trata de eso: particularidades de un problema que se expresa en muchas formas. En este contexto las entidades públicas deben hacer todo lo que esté a su alcance para dialogar efectivamente con los destinatarios de las intervenciones del Estado y para ofrecer espacios efectivos de participación. Lo difícil que pueda ser esta concertación no las releva de sus obligaciones, y no convierte los derechos fundamentales en “ayudas” que el Estado central puede otorgar o no de manera discrecional”.
Dialogar genuinamente es crucial para detener la muerte recurrente de niños menores de 5 años por desnutrición y otras causas asociadas a esta patología. “Aquí el más golpeado es el pueblo wayuú y los niños que no tienen solución a sus necesidades, aquí lo que falta es sentarnos frente a frente y decirnos las cosas en la cara para solucionarlas y así darle cumplimiento a la Sentencia”, acotó Blas Quintero, de manera contundente.
Fuente Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T302 del 2017
