La ejecución de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2025 quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República, que en 32 actuaciones de control fiscal realizadas durante 2026 identificó múltiples irregularidades.
Los ejercicios de auditoría establecieron 84 hallazgos administrativos, de los cuales 71 tendrían presunta incidencia disciplinaria, uno presunta incidencia penal y cinco fueron remitidos para indagación preliminar. Además, 41 hallazgos presentan incidencia fiscal por $39.139 millones.
Según el organismo de control, el 60% de los resultados fiscales está relacionado con deficiencias en la ejecución contractual, principalmente por fallas de planeación, manejo de información, supervisión y control. Otro 30% corresponde a presuntos sobrecostos en el pago a manipuladoras de alimentos y en las raciones, mientras que el 10% restante está asociado con mayores valores pagados.
La Contraloría advirtió sobre la reiteración de estas situaciones, al considerar que comprometen recursos destinados a garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas.
El panorama cobra especial relevancia ante la cobertura actual del programa. De acuerdo con cifras oficiales, el PAE alcanza al 87% de los estudiantes en 2026, por lo que cerca de un millón de alumnos aún no recibe alimentación escolar en sus entornos educativos.