La respuesta del presidente Abelardo De la Espriella, ha sido contundente para frenar el accionar de los grupos ilegales que buscan el control en la Sierra Nevada, en los departamentos del Magdalena, La Guajira y el Cesar. Siete integrantes de la ACSN murieron en un operativo de la Fuerza Pública y tres más fueron capturados.
Durante un Consejo Extraordinario de Seguridad en Santa Marta, se ordenó reforzar las capacidades de la Fuerza Pública y anunció nuevas acciones frente a las amenazas de las ACSN. Los gobernadores del Magdalena y La Guajira, han solicitado mayor pie de fuerza para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos de bien.
Es comprensible que el Estado responda con firmeza frente a una organización armada que pretende paralizar territorios mediante amenazas, extorsiones o acciones violentas. Ningún grupo ilegal puede tener la capacidad de decidir cuándo abre o cierra un comercio, cuándo circula un bus o cuándo una familia puede desplazarse por una carretera.
Pero precisamente por eso, la verdadera prueba comienza después de los operativos.
La muerte de siete integrantes de una estructura criminal puede representar un golpe importante a su capacidad operativa. Sin embargo, la experiencia colombiana demuestra que descabezar organizaciones armadas no siempre significa acabar con ellas. Si existen rentas ilegales, corredores estratégicos, narcotráfico, extorsión, armas y control territorial, pueden aparecer nuevos mandos y nuevas estructuras.
Y aquí está la preocupación para La Guajira.
La Troncal del Caribe no termina en Santa Marta. Es el corredor que comunica al Magdalena con La Guajira y constituye una arteria fundamental para el transporte, el turismo, el comercio y la vida cotidiana de miles de ciudadanos. Lo ocurrido en Santa Marta ya tuvo repercusiones hacia La Guajira, en donde ayer fueron cerrados establecimientos comerciales en Mingueo, Palomino, Riohacha, El Molino y el resto de la península.
Por eso, La Guajira no puede ser simplemente el territorio vecino de una confrontación que ocurre en el Magdalena.
Se requiere inteligencia, presencia permanente de la Fuerza Pública, protección de las comunidades, control de las vías y coordinación entre Nación, departamentos y municipios. Pero también se necesita garantizar que la población civil no termine pagando las consecuencias de una guerra que no provocó.
El Gobierno debe demostrar que esta ofensiva no se limita a responder después de cada amenaza, sino que tiene una estrategia integral para recuperar plenamente el territorio y proteger a quienes viven en él.
Porque al final, el éxito no será que una organización criminal pierda siete hombres.
El verdadero éxito será que ningún ciudadano de Santa Marta, Magdalena o La Guajira vuelva a cerrar su negocio, abandonar un viaje, detener un bus o sentir miedo porque un grupo armado decidió imponer su voluntad.
